La Audiencia de Álava descarta investigar a Darpón y la cúpula sanitaria por el fraude de la OPE
Desestima un recurso de LAB para que ocho personas de Salud, Osakidetza y el IVAP sean llamados a declarar como imputados
El exconsejero de Salud Jon Darpón y su equipo no serán investigados penalmente por el fraude de la OPE de Osakidetza. La Audiencia Provincial de Álava ha cerrado la puerta definitivamente a que el extitular de Sanidad, la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, y otros seis cargos del departamento y del Instituto Vasco de Administración Pública tengan algún tipo de responsabilidad en las supuestas irregularidades y filtraciones de exámenes en las oposiciones de 2016-2017. Así lo ha dado a conocer en una nota LAB, que solicitó la imputación de estas personas.
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El tribunal entiende que, a pesar de los «esfuerzos argumentativos» de la central, «no hay indicios suficientes» para citar en calidad de investigadas a estas personas. La Audiencia, a cuyo auto no cabe recurso, confirma así la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, que ya desestimó hace un año la reclamación del sindicato. La magistrada encargada de la instrucción ya ha concluido las pesquisas, aunque ese cierre también ha sido recurrido por la central abertzale.
El escándalo provocó una cascada de ceses de altos cargos del Gobierno vasco. El propio Darpón presento su dimisión «irrevocable» al lehendakari en marzo de 2019. Era la primera vez que un consejero dejaba su puesto por la investigación de un fraude. Múgica ya había renunciado como directora de Osakidetza en noviembre de 2018, mientras que el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, fue en 2020 el último en dimitir de los señalados por LAB como parte de la trama. La jueza les ha eximido de cualquier responsabilidad, y también al exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto; al subdirector de Gestión, Organización y Desarrollo de Recursos Humanos, Xabier Balerdi; a la jefa de Servicio de Selección y Provisión del Servicio Vasco de Salud, Miriam Aparicio; y a dos miembros del IVAP, Fulgencio Aledo y Maite Iruretagoyena.
«Núcleo operativo»
La central abertzale lamenta que la decisión «ha dejado la puerta abierta de la impunidad para la antigua dirección de Osakidetza», quienes a su juicio son «el núcleo operativo encargado de idear, planear, organizar y ejecutar toda la trama de las filtraciones en la OPE de facultativos». El supuesto amaño derivó en la paralización de la asignación de plazas de 13 ramas médicas, aunque son 21 las investigadas.
La justicia siempre ha defendido que no existen pruebas de que estas personas se reunieran entre sí «para organizar una filtración masiva de los exámenes de la oposiciones». Pero desde LAB reiteran en que «hemos demostrado cómo la dirección tuvo conocimiento previo de filtraciones y no actuó ni antes ni después de producirse».
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