El parón del transporte escolar apenas se nota en el arranque del curso escolar en Bizkaia

La inmensa mayoría de empresas -«prácticamente todas», apuntan fuentes del sector- presentarán recursos individuales contra la orden de ejecución forzosa dictada por el departamento de Educación que les obligaba a prestar servicio en las mismas rutas que gestionaron el curso pasado y que habían quedado desiertas. En Bizkaia sucedió en el 100% de los 190 itinerarios. En Álava solamente se cubrieron doce de los 138 trayectos. El caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El argumento jurídico sobre el que se basarán los recursos, según las fuentes consultadas, es que el propio departamento considera el transporte escolar como un «servicio complementario» en la normativa que lo regula. Por tanto, entienden que están exentos de cumplir la orden. El Gobierno, en cambio, considera que es la única forma de garantizar un derecho fundamental como la educación.

El conflicto se remonta a finales del año pasado, cuando el Ejecutivo sacó a licitación las rutas escolares para este nuevo curso. Los lotes de Bizkaia y Álava quedaron desiertos. Las compañías sostienen que las condiciones económicas eran peores que las del curso pasado, similares a las de 2018. Tampoco estaban de acuerdo con otros aspectos que introducían los pliegos. Por ejemplo, un nuevo régimen sancionador que no existía en los anteriores contratos; o la obligatoriedad de tener un vehículo con un conductor parado en las cocheras por si algún otro autobús de la flota fallaba. Las empresas recurrieron los pliegos ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), que desestimó las alegaciones, pero no acudieron a la vía Contencioso-Administrativa.

Situación inédita

Llegados a este impasse, el Gobierno vasco contraofertó y ofreció a las empresas cubrir las rutas en las mismas condiciones que el curso pasado, cuando se pactó gestionar los itinerarios con un incremento del 24,1% respecto al curso 2021/2022 (una negociación que se cerró la noche anterior al inicio de las clases). Se trataría de una solución temporal hasta que se redactasen los nuevos pliegos y se sacasen las rutas de nuevo a licitación.

Es precisamente este detalle, explican en el sector, lo que habría llevado a las compañías a plantarse. «¿Voy a poner en marcha los autobuses con el riesgo de que a mitad de curso gane otra empresa el concurso y me quede yo sin trabajo?», se cuestiona un transportista.

La diferente actitud que muestran las asociaciones de Bizkaia y Álava frente a las de Gipuzkoa, donde quedaron cubiertas el 98% de las rutas, levantó las sospechas de Educación, que ha denunciado a las compañías ante la Autoridad Vasca de la Competencia y lo hará también ante la Fiscalía. Les acusa de funcionar como un cártel y ponerse de acuerdo para amañar las rutas y conseguir un mayor beneficio económico.

La situación es inédita y supone un verdadero contratiempo para las familias de los 10.000 alumnos afectados. Varios directores de centros públicos consultados por este diario lamentan no tener capacidad negociadora en este asunto. «Es algo que negocia el departamento con las empresas y nosotros estamos en medio», explica el responsable de un centro con más de 400 alumnos, de los cuales el 10% acude en autobús al colegio.

En este centro las clases arrancarán mañana y no hoy, pero la empresa que otros años les ha dado el servicio de autobús ya ha avisado a la dirección de que no habrá autobuses el primer día de clase. No obstante, han sido previsores. «Hemos dicho a las familias que traigan a sus hijos en coche».