Bildarratz reconoce que la contratación de un asesor con vínculos en el transporte escolar ha provocado «confusión»

Bildarratz ha aclarado que su departamento contrató en agosto los servicios de un bufete de abogados, Cuatrecasas, «que es una referencia», para que realizase un informe jurídico. El objetivo era analizar de qué manera Educación podía garantizar la prestación del servicio de autobuses, una vez que los transportistas se negaron a ello por entender que las condiciones económicas y técnicas eran insostenibles. La gestión la realizó el consejero personalmente.

El abogado en cuestión es Joanes Labayen, marido de la presidenta del Parlamento vasco, que es miembro y secretario del consejo de administración de Autocares Urpa S. L. Esta empresa, apenas dos semanas antes de que Labayen fuese contratado por el departamento, se había llevado contratos por valor de cuatro millones de euros en el proceso de licitación. Según el relato ofrecido por Bildarratz en varios medios de comunicación, fue el propio Labayen quien le comunicó personalmente que no había ningún conflicto de intereses o cualquier incompatibilidad para asesorar al departamento en una negociación en la que intervino su propia empresa. El consejero dio por válida esta explicación y, que se sepa hasta ahora, Educación no realizó ninguna otra comprobación para certificar que no hubiera incompatibilidades.

Labayen trabajó desde entonces, a principios de agosto según Bildarratz, codo con codo con el jefe de los servicios jurídicos del departamento, Eneko Goenaga Egibar, que anteriormente también trabajó en Cuatrecasas. Labayen, de hecho, le sustituyó en una reunión con los transportistas que tuvo lugar el 22 de agosto. En ese encuentro, Urpa estuvo representada por dos personas; una de ellas, Tibal Labayen, es hermano del asesor del departamento.

Durante la reunión, el abogado de Cuatrecasas llevó la voz cantante junto con el viceconsejero Xabier Aizpurua. Según ha podido saber este periódico, amenazó al resto de empresas con obligarles a prestar el servicio de autobús mediante una orden de ejecución forzosa si no aceptaban la oferta de Educación de sacar los autobuses al mismo precio que el año anterior. También les acusó de actuar de forma coordinada para dejar desiertos los concursos públicos con el objetivo de lograr precios más altos. Los transportistas de Gipuzkoa aceptaron la oferta (Urpa S. L. logró dos rutas más) y los vizcaínos y alaveses se negaron. Educación publicó la orden pero los empresarios no la acataron.

El departamento logró un acuerdo con los transportistas tras una semana durante el inicio del curso en la que 7.400 alumnos se quedaron sin autobús. Las empresas aceptaron a prestar el servicio en las condiciones económicas del año pasado mientras negocian las condiciones del curso que viene. El departamento ha renunciado a denunciar a los empresarios ante la Fiscalía a pesar de los argumentos esgrimidos por Labayen en aquella reunión del agosto. Y a pesar también de que Bildarratz aseguró en una rueda de prensa de que tenían «indicios de delito» de que las empresas habían actuado de forma coordinada.

Ahora, según Bildarratz, el clima entre Educación y las empresas es «de confianza» y ambas partes trabajan de forma coordinada para analizar los pliegos de cara al año que viene. Atrás han quedado los momentos en los que Bildarratz les acusó de utilizar a las familias como «rehenes», de actuar «fuera de la ley» y de conformar un cártel.

Se da la circunstancia de que Urpa fue multada por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2016 por formar parte de un cártel en Gipuzkoa. Quedó demostrado que una serie de empresas concertaron precios durante décadas y se repartieron las distintas rutas. En concreto, Urpa estuvo en 31 reuniones de fijación de tarifas infladas, en 22 de reparto de mercado y en 14 de manipulación de la adjudicación de rutas de transporte escolar. Esta condena fue anterior a la llegada de la dirección actual de Urpa S. L., que fue adquirida en 2016 por Transitia, una conocida empresa con importantes filiales en la construcción y gestión de infraestructuras, entre otros campos.

Joanes Labayen representó a Urpa en una demanda contra el departamento que ahora le ha contratado como consecuencia de la resolución de Competencia. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó su recurso casi en su totalidad, aunque admitió que la multa que tenía que pagar la empresa, de unos 9.000 euros, no estaba bien motivada.