Abusos sexuales a menores tutelados: así ha fallado el sistema que debía protegerles

«Ahora tengo un viejito que huele bien, no me pega y me da dinero. ¿Cuál es la alternativa?, ¿esperar a cumplir 18 y prostituirme en la calle, donde no van a oler bien y tal vez me peguen?». Su 'viejito' le hacía llamarle 'papi', los otros hombres que abusaban de ella eran los 'tíos' y a las adolescentes que estaban en su misma situación les decía 'hermanas'. Una 'familia' del todo disfuncional. La suya, la que debía cuidarla, no lo hizo y Sara (nombre ficticio) acabó en un centro tutelado del que se fugaba para encontrarse con su 'viejito', el hombre que estuvo años explotándola sexualmente.

«Otra chavala me dijo: 'Ahora hago lo que quiero', no lo que me hacía mi padre. Y, por lo menos, cobro'. Es impactante». Lo ha escuchado demasiadas veces como para que resulte anecdótico Noemí Pereda, psicóloga y profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona. En 2020 trató a las chicas abusadas de los centros de menores de Mallorca, un escándalo que explotó con la violación grupal a una niña de 13 años el día de Nochebuena. «Vimos que no era puntual, que sucedía desde hacía años, pero no había generado reacción social». En el curso de la investigación, se detectaron otras catorce víctimas tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y se supo que cinco educadores habían sido despedidos en los últimos años «por conducta sexual inapropiada».

Al tiempo que esto ocurría en Mallorca, en Barcelona una niña de 12 años cuya guarda tenía la Generalitat era captada por un electricista de 45 años que montó una red de pederastia en un piso, donde dieciséis hombres violaron y grabaron a una docena de menores, entre ellas la niña a cargo de la Administración. De ella abusaron seis hombres, que sabían su edad porque en las conversaciones incautadas a los acusados uno se queja de que la Policía le ha multado con 600 euros por saltarse las restricciones de la pandemia para acudir al piso. «Tiene 13 (años). Vale eso y más. Yo la conocí con 12 recién», se jacta el cabecilla de la trama, quien advierte a otro de que la niña «está en un centro y lo tiene mal para quedar».

Poco después, en Madrid caía otra macrorred con 37 detenidos acusados de prostituir a diez menores, varias tuteladas por la Comunidad de Madrid. «Me enamoré de un chaval al que mi padre me vendió por una bolsita de droga», contaba una de las adolescentes, que se fugaba habitualmente del centro para ir a encontrarse con su padre, toxicómano.

Estos escándalos y otros que salpican la geografía han puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema público de protección de menores, que atiende a casi 35.000 chavales en situación de desamparo familiar en España. Unos 18.000 están en acogimiento familiar, pero los otros 17.000 viven en centros tutelados, un régimen que ha ido creciendo y cuyo volumen al alza ha provocado fisuras por varios costados: masificación, sueldos precarios, corrupción… y, lo más grave, los casos de abusos.

Aunque la media de plazas de los centros de protección de menores son catorce, «hay algunos que acogen a más de cuarenta», denuncia Noemí Pereda, responsable del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GreVIA). Y ahí comienza, a su juicio, el primero de los fallos de la cadena. «Cuando separamos a un niño de la familia que le maltrata o no le atiende creemos que ahí se acaba el problema. Pero ahí empieza otro. Meter a unos críos tan dañados y faltos de afecto con otros treinta en un sitio donde las habitaciones, una cama y una pared desnuda, parecen una celda es un fracaso. El centro debe ser pequeño para parecerse en lo posible a una familia».

De hecho, la solución –dice– pasa por reforzar el sistema de acogida en familias. «Si los padres no pueden hacerse cargo del menor lo ideal es que se encargue un primo, la abuela, los tíos… Si esto no es posible, el siguiente paso debe ser la familia de acogida, una familia preadoptiva o una familia profesionalizada, un recurso habitual en Europa en el que uno de los cónyuges es un profesional del ámbito del cuidado de menores (pediatra, educador social…) que cobra un sueldo mensual por atenderle, unos 1.500 euros».

– ¿Hay familias suficientes para acoger a 17.000 menores?

– Ahora mismo no porque no se ha hecho un esfuerzo por que las haya. Y las que hay se quejan, con razón, de que les dejan solas. Acogen a un niño y este empieza a tener pesadillas, que es algo frecuente. Pero nadie les dice qué hacer. Hay que potenciar esta red, que además es mucho más barata. Porque una familia de acogida recibe unos 6.000 euros anuales para los gastos del menor a su cargo, mientras que la Administración está pagando diez veces más por cada plaza en un centro tutelado.

He aquí otra fisura. «Están entrando grandes empresas, que lo mismo se dedican a la limpieza que a la intervención social», reprocha Lourdes Menacho, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales. En esta línea, Noemí Pereda recuerda que «cualquiera que compre un piso puede acceder a la licitación y se han dado casos de corrupción: centros que han acogido a más menores de los que podían, que siguen cobrando por la plaza de un chaval que se ha fugado hace años…».

El Gobierno se ha comprometido a que en 2026 no haya ningún menor en centros residenciales y que en 2031 no lo esté ninguno menor de 10. Pero, de momento, ahí están. A cargo de unos educadores muchas veces desbordados. «No es cuestión de ser policías, pero hay que cambiar algunas cosas. No podemos estar solos en el turno de noche y tal vez haya que poner alguna cámara», apunta Menacho, en alusión al caso de la educadora asesinada en marzo en una vivienda tutelada de Extremadura por tres menores

Desde hace cinco años la ley obliga a que los trabajadores de estos centros sean educadores sociales titulados, lo que está acabando con «el intrusismo», pero no con «la rotación» del personal. «Es un trabajo que no está bien remunerado, 1.400 euros a personas que tienen una carrera y continuamente están haciendo formación en acompañamiento, resolución de conflictos…».

«Aunque no todos los chavales son malos ni conflictivos, algunos vienen de familias 'bien'. Hay mucho estigma», se apresura a aclarar la educadora. Lo que sí son todos es niños a los que la violencia, la pobreza o la negligencia les ha arrebatado la infancia. «Cuando visitas un centro donde viven críos pequeños, corren a abrazarse a tus piernas y se te rompe el alma». Así que el educador tiene que lograr el difícil equilibrio «de vincularse con el niño pero sin creer que es suyo». «Es fácil cogerles cariño porque se abren en canal y te implicas con ellos. A veces nos agreden y no lo denunciamos precisamente porque empatizamos con ellos».

Esa manera de abrirse en canal es, precisamente, la vulnerabilidad de la que se aprovechan los depredadores sexuales. «Alguien les da 'cariño' o dinero y ya está. Son carne de cañón», lamenta Lourdes Menacho. «Estos niños tienen una autoestima muy baja, no han tenido nada en la vida, así que se enganchan fácilmente. Las niñas caen en la trampa de los 'lover boy', chicos que prometen cuidarlas, o de los 'sugar dady', si son mayores. Habría que acabar con esos términos que dulcifican la explotación», advierte Noemí Pereda.

De hecho, así captaron a la menor tutelada en Madrid: «Me enamoré de un chaval al que mi padre me vendió por caballo y base (heroína)», escribió la adolescente a un amigo por WhatsApp en referencia al 'Kalifa', un 'lover boy' de 22 años que le hizo creer que eran novios. A las víctimas de Mallorca, cuenta Pereda, la contactaron por redes. «Sus abusadores se hacían pasar por fotógrafos en Instagram. Les decían que eran muy guapas, que subiesen más fotos, que se pusieran menos ropa para tener más likes... Luego les propusieron quedar. Se marchaban los jueves y regresaban el lunes con chinches, sarna y síntomas de haber consumido alcohol y drogas».

– ¿Cuatro días desaparecidas y nadie las buscaba?

Pereda: Las fugas de los centros de menores son muy frecuentes. Los agentes nos decían que las iban a buscar pero ellas les escupían, les daban patadas, trataban de escaparse. Las traían al centro y volvían a irse al de dos días.

«Cuando se escuchan cosas como 'que no les dejen salir' debemos preguntarnos a quién se le ocurriría encerrar en casa a su hijo de 12 o 13 años», advierte Elena Ayarza, responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko. Confirma Lourdes Menacho, que recuerda que si los menores no han cometido ningún delito el régimen de los centros es abierto. «Van al colegio, salen a dar una vuelta el viernes con sus amigos…». Y quedan con sus explotadores. Igual que la niña de 12 años a la que violaron hasta seis hombres en aquel piso de Barcelona. «Nunca le abandonó y, con 15 años, se fue a vivir con él».

«Desarrolló 'síndrome de Estocolmo'. Es excepcional pero a veces ocurre. La persona acaba sintiéndose 'agradecida' a su explotador porque la 'cuida' y le da un trato especial respecto a otras. Ha perdido la perspectiva y ve a ese hombre como alguien poderoso que la va a proteger», explica Vanesa Fernández, doctora en Psicología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Lo ha visto Noemí Pereda. «Los menores marroquís que tienen sexo con hombres porque necesitan dinero para pagar la deuda con las mafias que les trajeron a España te dicen que no son víctimas de nadie: 'No lo entiendes, es un intercambio'».

Un sometimiento con consecuencias. «Muchas víctimas acaban desarrollando estrés postraumático, reexperimentan una y otra vez lo sucedido y sienten miedo y ansiedad. Además de infelicidad continua y depresión». Tampoco son infrecuentes los trastornos de alimentación como conducta de autodestrucción o las ideas suicidas. «Se odian. Han dejado de verse como personas. Se consideran un trozo de carne que está para satisfacer a otros».

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