Urkullu admite que el Gobierno estudia si la crisis sanitaria puede obligar a aplazar el 5-A

Iñigo Urkullu compareció este miércoles en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo celebrado en Vitoria y quiso dar ejemplo con una imagen simbólica. Antes de arrancar, tanto él como varios miembros de su equipo se lavaron las manos con un gel desinfectante para intentar frenar la expansión del coronavirus. Un gesto que demuestra cómo el Covid-19 también ha entrado de lleno en la política. Lo ha hecho, además, en un momento clave: a tres semanas de las elecciones del 5 de abril. Una cita que está en el aire, tal y como por primera vez reconoció el lehendakari.

La expansión del coronavirus por Euskadi, especialmente en Álava, ha abierto un horizonte lleno de nubarrones que nadie sabe a día de hoy cómo despejar. La pregunta es sencilla. ¿Se pueden celebrar unas elecciones en un escenario de alerta sanitaria, restricciones de movimientos y riesgo para la salud de miles de potenciales votantes? Más complicado es dar una respuesta certera.

A día de hoy, el Gobierno vasco sigue trabajando para preparar los preparativos de la cita. Pero la progresión de los contagios y la previsión de que el punto de inflexión se podría alcanzar justo a primeros de abril ha hecho que se pongan todas las cartas sobre la mesa como este miércoles mismo admitió Urkullu.

Tras recalcar que «estamos en un momento especialmente delicado, en la fase de contención del coronavirus», el lehendakari aseguró que el Gobierno vasco está «analizando legal y jurídicamente las circunstancias que pudieran afectar a la convocatoria electoral», recalcó que la respuesta debe ser «ejemplar» y enfatizó que «este no es un tema político, estamos hablando de un tema de salud pública».

Urkullu también hizo un llamamiento a los partidos para «no debatir y especular en público» sobre esta cuestión -en una clara alusión a EH Bildu después de que Arnaldo Otegi abriese el martes la puerta a la suspensión-, pero sobre todo dejó toda la responsabilidad en la Junta Electoral Central, el órgano formado por jueces, catedráticos y juristas encargado de velar por la legalidad de todos los comicios. «Las decisiones en relación al desarrollo de dicha convocatoria corresponderán principalmente a la Junta Electoral Central», matizó el lehendakari.

El coronavirus ha introducido a la sociedad en un territorio volátil e inédito en el que casi nada está escrito. Suspender las elecciones una vez convocadas no está contemplado de forma explícita en la reglamentación, así que habría que buscar algún recoveco jurídico que diese cobertura legal a ese aplazamiento, un paso que, además, divide a los juristas.

A principios de esta misma semana, la consejera de Salud, Nekane Murga, se puso en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, para informarle de la situación y empezar a estudiar posibles alternativas. Como máximo responsable del TSJPV, también está al frente de la Junta Electoral del País Vasco, que este miércoles por la tarde se reunió en el Parlamento. La cita estaba convocada con anterioridad, pero al orden del día se le añadió un punto extraordinario para que el propio Ibarra informase al resto de miembros de la Junta de su conversación con Murga «sobre la situación creada por la epidemia de Covid-19 y sus posibles repercusiones en el proceso electoral». No se tomó ninguna decisión.

El escenario es tan inusual que no está del todo claro si el órgano competente sería la Junta Central o a la vasca, las dos de manera coordinada o todo quedaría en manos del Gobierno. ¿Del vasco o del central? Fuentes de La Moncloa recalcaron este miércoles a este periódico que no habían recibido ninguna petición oficial por parte de nadie para analizar la situación en Euskadi. Tampoco en Galicia, donde también hay elecciones el 5-A y viven en la misma incertidumbre. Alberto Núñez Feijóo aseguró este miércoles que su intención es seguir con la convocatoria, pero que habrá que ir viendo cómo evolucionaba la crisis porque «lo primero es la salud pública».

Unas incógnitas que deberán resolverse a corto plazo. El viernes de la semana que viene arranca la campaña electoral y se da por hecho que cualquier decisión se tiene que tomar antes de ese día. Equo este miércoles ya pidió la suspensión de la cita y el propio lehendakari apuntó que la campaña está sujeta «a la misma normativa que cualquier otro acto de carácter social, cultural y deportivo». Es decir, que los mítines principales, en los que los partidos preveían reunir a miles de personas, deberían suspenderse.