El Parlamento navarro cambia la ley para que altos cargos no dimitan si son imputados

Las cuatro formaciones firmantes del acuerdo de Gobierno y EH Bildu presentaron esta ley después de la dimisión del que era consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, por la investigación judicial abierta por las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor. Ayerdi pertenece al PNV, uno de los miembros de la coalición Geroa Bai.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío fue la encargada de defender una propuesta con la que, recalcó, no se pretende «eliminar esa exigencia de transparencia, ética y de responder en el ejercicio de la acción política de un Gobierno, sino modificar el momento en el que un cargo público debe dimitir o ser cesado cuando se le atribuye en sede judicial delitos contra la administración pública».

Cómo actuar cuando un dirigente político es imputado es un debate que los partidos tienen abierto desde hace años y que se ha intentado regular de diferentes maneras. Todos los grupos coinciden en que es necesario adoptar medidas, pero el problema es cuándo.

Las fuerzas políticas lamentan que en muchas ocasiones una imputación sea comparada con una condena. Y que si se expulsa a un cargo cuando solo está siendo investigado se corre el riesgo de cometer una injusticia si luego los tribunales no encuentran pruebas y decretan su inocencia.

En este sentido, la representante socialista se refirió a Ayerdi. «No está en el Gobierno en base a un artículo que establecía una serie de condiciones que todos sabemos que es necesario modificar. Este artículo no tiene pase, este artículo está mal y produce consecuencias indeseables porque permite una utilización torticera de la Justicia por parte de políticos», sostuvo Jurío.

Una tesis que rechazaron desde Navarra Suma. Según la formación regionalista, el resto de partidos tratan de «ocultar el motivo real» de esta modificación que, según afirmó, es «la dimisión de Ayerdi tras acordar el Tribunal Supremo abrir causa penal contra él por dos delitos de corrupción».

«No pueden decir la verdad porque están llevando a cabo una modificación de la ley para servir a un interés particular», sostuvo el representante de Navarra Suma Juan Sánchez de Muniáin, para quien con esta decisión se busca «beneficiar a un número concreto y determinado de altos cargos de su Gobierno». «Es deplorable», añadió.