La oposición carga contra el Gobierno por imponer sus proyectos ambientales

La polémica surgió porque los partidos del Gobierno introdujeron, vía enmiendas parciales, los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS). Se trata de una figura que permite que iniciativas ambientales «de utilidad pública e interés social» para Euskadi -un criterio demasiado abstracto, denuncia la oposición- queden blindadas ante el eventual rechazo de los ayuntamientos, que no podrán vetarlas. Es decir, evitará que las instituciones locales frenen la instalación de infraestructuras estratégicas, como parques eólicos o plantas de tratamiento de residuos amparándose en la normativa urbanística municipal u otras estrategias a su alcance.

Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo tiene en mente proyectos de calado, como parques eólicos en Álava o una decena de plantas sectorializadas para el tratamiento y recuperación de residuos industriales, como la de Bergara para el papel, u otra para el plástico en Zumarraga.

Parecía que PNV y EH Bildu inician una nueva etapa en sus relaciones, pero la coalición abertzale dejó claro ayer que seguirá manteniendo una oposición férrea. El parlamentario Mikel Otero cargó duramente contra el Ejecutivo y, especialmente, contra la consejera de Medio Ambiente. «A partir de ahora, Arantxa Tapia propone, Lakua dispone y los ayuntamientos se la comen», criticó. Censuró, asimismo, que «con el abuso de la técnica de la enmienda parcial se pretende crear una realidad jurídica nueva», ya que la que introduce los PIPS «podría ser una ley en sí misma».

En la misma línea se expresó la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi. «¿Cómo van a explicar a la ciudadanía vasca que las elecciones municipales no sirven para nada porque gane quien gane, los grandes proyectos los van a decidir desde Lakua?», cuestionó.

También la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea criticó el proyecto de ley, calificándolo de «tramposo e indigno» y defendió que, antes de votarlo, es necesario «abrir un diálogo desde el Gobierno con Eudel».

La jeltzale María Eugenia Arrizabalaga defendió que no pretenden «imponer nada» y negó que se pretenda «desmontar la autonomía municipal». El socialista Alberto Alonso expuso que «los objetivos para la lucha contra el cambio climático no pueden esperar a los plazos que requieren los procedimientos de la normativa urbanística».