Las víctimas se revuelven ante el giro de la Fiscalía para no imputar a exjefes de ETA

El fiscal que había estado al frente desde que se reabrió la causa en marzo, Vicente González Mota, había defendido hasta ahora que los delitos por los que Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', fueron imputados el pasado 8 de julio aún se mantienen vigentes al tener en cuenta el momento en que estos fueron detenidos, en 2004, y no en el que se cometió el asesinato del joven concejal del PP en Ermua, en 1997 (el periodo de prescripción es de 20 años).

Sin embargo, Mota decidió no acudir al interrogatorio que el juez Manuel García Castellón llevó a cabo tras recibir una directriz del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, señalando que los hechos en cuestión habrían prescrito. Además, según reveló 'El Mundo', Alonso le hizo llegar tal directriz después de haber elevado una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz, el que será nuevo fiscal general en sustitución de Dolores Delgado.

El Ministerio Público, que niega cualquier cambio de criterio y asegura que únicamente se adapta a la jurisprudencia de los tribunales, delegó entonces la causa en Pedro Rubira. El fiscal que parece haber cogido las riendas del caso solicitó un turno de intervención y aludió, en primer lugar, a cómo el derecho de las víctimas a ser resarcidas de los delitos sufridos no es, a su juicio, un derecho «inalienable»; y, en segundo término, cuestionó la «suficiencia» de las conclusiones de los informes periciales presentados por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el papel jugado por cada uno de los terroristas bajo sospecha de haber dado la orden directa de acabar con la vida del joven concejal del PP en Ermua. Algo que sorprendió en demasía a las acusaciones particulares, que no entienden cómo es posible un cambio de criterio de tal envergadura en el momento procesal en el que se encuentra la causa.

La realidad es que el nuevo posicionamiento de Rubira amenaza con dejar sin efecto el criterio jurídico al que se agarran las partes y que ha dado pie al juez para imputar a los tres exdirigentes de ETA, un procedimiento que efectúa una novedosa interpretación de la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, que permitiría declarar que las eventuales responsabilidades penales no se extinguen para 430 asesinatos terroristas cometidos en España o contra ciudadanos españoles entre 1990 y 2010.

Por ello, Marimar Blanco, la hermana del joven concejal del PP asesinado en Ermua, se sumó ayer a la causa como acusación particular, escogiendo como abogado a Miguel Ángel Rodríguez, el letrado que también dirige la acusación popular de DyJ y que ha impulsado la estrategia jurídica que ha llevado a los tribunales a abrir en los últimos meses hasta siete causas para investigar la responsabilidad de dirigentes de ETA en distintos atentados.