El Gobierno desdeña las críticas de Eudel y niega la imposición de proyectos ambientales

En respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero durante el pleno de control al Ejecutivo, Arantxa Tapia se mostró ayer «sorprendida» por las críticas de los ayuntamientos. En concreto, señaló, porque «los municipios son consultados hasta tres veces» en la tramitación de un proyecto de interés público superior.

La primera, cuando la aprobación de un proyecto de estas características sea sometido a información pública. Entonces, detalló Tapia, los municipios afectados emitirán informes que «deberán ser objeto de estudio» por parte del departamento que dirige. La segunda consulta se produciría cuando la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en la que está representada Eudel, emita un informe «vinculante». Y la tercera, cuando los proyectos sean sometidos a evaluación ambiental los municipios «vuelven a ser consultados».

La polémica surgió en noviembre. El Parlamento aprobó -con el voto en contra de toda la oposición- la Ley de Administración Ambiental, que modificaba a su vez otra norma, la de Ordenación Territorial, para introducir la figura de los proyectos de interés público superior. Son infraestructuras a menudo impopulares, como vertederos, parques eólicos... La idea es que se puedan poner en marcha aunque el consistorio afectado se oponga. El anteproyecto de la nueva ley abre la puerta a que este tipo de proyectos sean también de carácter privado.

Eudel puso el grito en el cielo porque considera que se socava la autonomía municipal y envió al Ejecutivo un documento muy crítico. Otero puso ayer sobre la mesa ese «demoledor» texto y exhortó a Tapia a «escoger el camino de la imposición o el del acuerdo». La consejera, por su parte, enmarcó este tipo de proyectos dentro de la necesidad de realizar la transición energética y el impulso a las energías renovables. Unos objetivos que, recordó Tapia, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, urgió esta misma semana a alcanzar.