El Gobierno central cree «secuestrada» la oficialidad del euskera ante las dudas de la UE

Ya a su llegada al Consejo de Asuntos Generales, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre -cuyo país ostenta la presidencia del Consejo Europeo-, mostró sus dudas sobre que el asunto se fuera a someter a votación. «Sé que hay muchas preocupaciones de Estados miembros y tenemos que buscar respuestas a esas preguntas. No espero un voto hoy», aseguró. En ese mismo sentido se expresó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien planteó sus dudas «legales y económicas» respecto a la oficialidad de las tres lenguas. Con todo, animó a «seguir trabajando para conseguir avances» en este asunto.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, fue más contundente al asegurar «que no es momento» para discutir esta propuesta e insistió en que hay asuntos más urgentes para los Veintisiete. «Hemos necesitado días para acordar las sanciones a Rusia, seguimos siendo incapaces de tomar decisiones sobre Israel y un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán? No creo que sea el momento adecuado si no somos capaces de acordar otras cosas», subrayó.

Durante el debate, de una hora de duración, España presentó el trabajo hecho hasta el momento a nivel político. Según indicaron fuentes diplomáticas, algo más de la mitad de los ministros tomaron la palabra y transmitieron sus preocupaciones en materia legal y práctica sobre una propuesta que entienden que es «sensible» para nuestro país. España, por su parte, expresó su intención de seguir trabajando en los asuntos que generan dudas sobre la propuesta.

A su salida, la jefa de la diplomacia sueca, Maria Malmer Stenergard, afirmó que la discusión entre los Veintisiete «ha sido la misma que hace dos meses» y que persisten dudas legales de los servicios jurídicos del Consejo. Lo mismo dijo su homólogo polaco, Adam Szlapka, quien pidió «más tiempo» para resolver las dudas legales en torno a la iniciativa española.

Hace varios meses que siete países demandan más detalles, con informes legales y económicos en profundidad sobre las implicaciones que tendría la oficialidad del euskera, catalán y gallego en la UE. El Consejo puede pedir a la Comisión que elabore un informe más detallado y personalizado sobre los costes de las tres lenguas, que en un primer momento se estimó que sería de unos 132 millones de euros. El Ejecutivo comunitario también puede redactar un análisis jurídico de la propuesta, ya que incluir el euskera, el catalán y el gallego podría implicar una modificación de los Tratados de la UE, según los servicios legales del Consejo y algunos países. Este último punto es actualmente el principal escollo para la aprobación de esta medida. España, por su parte, defiende que no es necesario reformar los Tratados.

El secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, aseguró que la aprobación de la propuesta «no tiene ningún impacto negativo sobre ningún Estado», ya que España se haría cargo del coste de las tres lenguas y porque la propuesta no abre la puerta a la oficialidad de otras lenguas minoritarias en Europa. Por ello, pidió «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la demanda española y añadió que espera que la propuesta «se adopte con brevedad», ya que España ha abordado «todos los aspectos» de la propuesta, tanto los económicos como los jurídicos.

Esta es la primera vez que el asunto -requisito que marcó Junts en el pacto para la investidura de Pedro Sánchez- se discute bajo la presidencia danesa del Consejo Europeo. Las autoridades españolas le han querido dar un nuevo impulso circulando un memorándum que recoge toda la información relacionada con la propuesta. El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también enviaron una carta a los ministros de Exteriores de la UE en la que piden reconocer la oficialidad de las tres lenguas.