Varapalo al Gobierno al tumbar el Congreso el decreto sobre el superávit de los ayuntamientos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido la votación de convalidación del decreto ley sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, estimados en unos 14.000 millones de euros. El rechazo, con 193 votos en contra frente a los 156 'síes', Se trata de un durísimo varapalo que se erige en un aviso a navegantes para la inminente negociación presupuestaria y que se produce por el portazo de varios partidos, entre ellos el PNV, que a primera hora de hoy ya anunció que votaría 'no' «al considerar que las conversaciones que «no han sido suficientes para superar las diferencias preexistentes». Además, no solo se ha marcado un hito en esta legislatura. En democracia, únicamente en tres ocasiones el Congreso de los Diputados ha tumbado un real decreto. O cinco si contamos la cuando su decaimiento se produjo por un error en la votación o la vez en que tal cosa tuvo lugar en plena Transición.

Así termina el culebrón del verano. El frente autonómico con el que Pedro Sánchez tuvo que lidiar durante el estado de alarma a cuenta de su mando único en la gestión de la pandemia tornó el 7 de agosto en frente municipal. Partidos antagónicos unieron sus fuerzas contra el Gobierno y su plan para redistribuir el superávit de los ayuntamientos planteando una rebelión de alcaldes. El proyecto del Ministerio de Hacienda fue alumbrado por los pelos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ahora será tumbado en el Congreso obligando al Gobierno a dar marcha atrás.

¿Qué proponía el Gobierno? Planteaba a los consistorios que entregasen su remanente para que el Gobierno lo repartiese y pudiera beneficiarse todos los municipios de España, no solo los que tienen liquidez, para hacer frente a la crisis. A cambio, Hacienda, que se compromete a devolver el dinero en un plazo de 15 años con intereses, entregará a los consistorios 5.000 millones a fondo perdido.

Pero la oposición en el transcurso del pleno se ha opuesto y ha calificado el mecanismo de «chantaje» y «ataque» a la autonomía local. Se han empleado incluso palabras más gruesas, como por parte del vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha justificado su voto negativo al decreto afirmando que su partido no puede ser «cómplice» de lo que considera «el robo del siglo». Mientras, desde ERC, Joan Margall se ha quejado de que el Gobierno haya apostado por la «recentralización y la austeridad» y de que pretenda convertir a los ayuntamientos «en el banco del Estado». Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno de «no escuchar» ni a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles a estos últimos «entre la espada y la pared».

En cuanto a Unidas Podemos y sus confluencias, también una formación crítica con el diseño del fondo, puesto que implicaba que los ayuntamientos sin remanentes disponibles no podrían contar con recursos del fondo de los 5.000 millones, se avino a votar afirmativamente al decreto. Ello, debido a que, como expresó el secretario general del grupo, Txema Guijarro, Hacienda había terminado haciendo un «esfuerzo sincero» con su última oferta de negociación, aunque terminara por ser insuficiente.

María Jesús Montero había propuesto a los grupos parlamentarios tramitar el decreto como proyecto de ley, con objeto de que salieran adelante aquellas cuestiones del decreto sobre las que no hay discrepancias, como la suspensión de la regla de gasto, la revisión de la financiación local, la posibilidad de ampliar las inversiones financieramente sostenibles o el fondo de 400 millones de euros para compensar la caída de los ingresos de los sistemas públicos de transporte municipal, y se negociara el fondo de 5.000 millones y el traslado de los remanentes de los ayuntamientos, la cuestión que generaba controversia

María Jesús Montero defendió en la tribuna del Congreso que el Gobierno «no necesita el dinero de las entidades locales, ya que el Estado se financia a tipos negativos» y recordó que la transferencia de recursos por parte de los ayuntamientos es voluntaria. También se quejó de que la oposición se refiriera al mecanismo como «hurto» o «robo» a los ayuntamientos. Además, reivindicó la legitimidad de la FEMP como organismo democrático que reproduce el resultado de las elecciones municipales y recordó que en los presupuestos municipales de Madrid también se aprobaron con el voto de calidad del alcalde (al igual que en la FEMP, que aprobó el acuerdo con Hacienda por el sufragio diferencial de su presidente, Abel Caballero, del PSOE, lo que se recrimina desde la oposición, porque se afirma que el de Hacienda con la Federación de Municipios ha sido en realidad un acuerdo «del PSOE con el PSOE»).

Aunque Montero deslizó que habrá que tomar nota y hablar con los grupos parlamentarios para asegurar la aprobación de los decretos. Si bien aseguró que la derrota no desgasta al Gobierno, aunque plantea un problema al municipalismo.

La ministra de Hacienda también defendió que, una vez que ha decaído el decreto, después de haber negociado y tratar de sacarlo adelante hasta el último minuto, a quien compete presentar una alternativa es a la oposición y no al Ejecutivo. «El Gobierno ha hecho su trabajo, ha llegado a un acuerdo con la FEMP, respeta la democracia de la FEMP, lo que parece que otros grupos no hacen. Nosotros y la FEMP hemos llevado una propuesta para el debate. Además, hemos ofertado una enmienda. Le compete al que no admite presentar una contrapropuesta», ha lanzado María Jesús Montero ha acusado al PP de perseguir la confrontación y de buscar el desgaste del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda ha venido reiterando que no había otra manera de que los ayuntamientos tuvieran más margen de gasto o el derecho a utilizar sus remanentes. Pero ha habido grupos que han alentado la reforma de la Ley de Estabilidad o la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución como vías alternativas a ésta.