El consenso lingüístico vasco

Se trata de un artículo especialmente desafortunado. Más allá del uso de expresiones como «excluyente», «muros», «segregador», «privilegio», «privatizar», «atrasista», lo que me resulta especialmente hiriente es esta frase: «Por más dianas lingüísticas que nos señalen…». ¡Con lo que este tipo de expresiones denotan en nuestro país!

En todo caso, entrando a los contenidos, nos encontramos con una trampa gigantesca que pretende hacer creer a la ciudadanía vasca que es EAJ-PNV el que pretende romper los consensos lingüísticos que se han ido construyendo en nuestro país a lo largo de las últimas décadas.

Pero, ¿cuáles son esos consensos? Santi Martínez no habla de ellos, pero son muy fáciles de recordar. El consenso principal se produjo en 1982 en el Parlamento vasco con la aprobación de la 'Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera'. Cabe recordar que a dicho consenso no se sumaron ni Alianza Popular ni Herri Batasuna.

La Ley reconoce «a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. A tal efecto se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho (Art 6º)».

La Ley, por lo tanto, establece una serie de «derechos lingüísticos fundamentales» y que «los poderes públicos garantizarán el ejercicio de estos derechos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a fin de que sean efectivos y reales (Art. 5º)».

Han pasado 43 años desde la aprobación de la Ley del Euskera, y es evidente que todavía no están garantizados de un modo efectivo y real los derechos lingüísticos de las y los ciudadanos vascohablantes.

Y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las y los ciudadanos vascos no se diferencia en la Ley según «los datos sociolingüísticos» o la «demanda real», tal y como establece de un modo tramposo el secretario general de CC OO de Euskadi. Los derechos lingüísticos se han de respetar de un modo efectivo y real por parte de la Administración pública en cualquier lugar de Euskadi. Ese es el consenso.

Si algo hemos aprendido en las administraciones públicas vascas a lo largo de estos 43 años es que por mucho que un funcionario acredite el perfil lingüístico que se asigna a su plaza, si en su entorno laboral no tiene la oportunidad de practicar el idioma, poco a poco va perdiendo su competencia lingüística. Como recordaba Bernardo Atxaga, una lengua, al contrario que el jabón, cuanto más se usa más se enriquece, por tanto, cuanto menos se usa más se agota.

Por todo ello, para cumplir de un modo efectivo los objetivos establecidos por la Ley es imprescindible que extendamos un uso generalizado del euskera en la Administración pública vasca, y es esa la razón por la que las sentencias que han invalidado múltiples OPEs, entre otros motivos por una determinada interpretación de la figura de los índices de obligado cumplimiento, suponen una seria amenaza a los consensos construidos a partir de 1982.

Nos preocupa especialmente la coincidencia de argumentos de CC OO con los que oímos casi a diario en boca de representantes del PP o Vox. Esa especie de desprecio hacia el uso «real» del euskera y la defensa tácita de las condiciones actuales de minorización representan una visión que ataca frontalmente la definición del euskera por parte de la Ley de 1982 «como el signo más visible y objetivo de identidad de nuestra Comunidad y un instrumento de integración plena del individuo en ella a través de su conocimiento y uso».

Cuando se sugiere que la extensión del euskera puede dificultar la inclusión de la inmigración en nuestro país, lo que de facto se está diciendo es que ya no se reconoce el euskera como un «instrumento de integración plena». Argumentos que buscan ser «realistas», suponen un verdadero abandono de los consensos lingüísticos básicos.

Por otro lado, no es cierto que la exigencia del conocimiento del euskera sea discriminatoria para los que optan a plazas de funcionarios. Que no nos venga CC OO con falsas disyuntivas, contraponiendo el trabajo y el euskera. El propio Tribunal Constitucional avaló reiteradamente el sistema de perfiles lingüísticos o el TSJPV estableció recientemente que «la exigencia de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua vasca no es de suyo discriminatoria». Este es el consenso lingüístico vasco que se ha ido construyendo a lo largo de estos últimos años. Es nuestra obligación actualizarlo y fortalecerlo, en lugar de intentar engañar a la ciudadanía vasca.