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Opinión

A quién le importa la libertad de prensa

Solo la ciudadanía erigida en audiencia puede proteger a los periodistas. Debemos asumir nuestro deber de informarnos

María José Cantalapiedra y Leire Iturregui

Profesoras de Periodismo de la UPV/EHU. Grupo de Investigación Bitartez

Viernes, 3 de mayo 2024, 00:02

Cualquier periodista es, por definición, defensor o defensora de los derechos humanos… siempre y cuando el ejercicio de la profesión se realice con respeto a los principios periodísticos, a la ética periodística, a la deontología. Sobre esa premisa se defiende y celebra la libertad de prensa, que contribuye a reconocer y proteger el derecho fundamental «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» (artículo 20 de la Constitución). Información veraz.

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En la celebración del último Día Internacional de la Libertad de Prensa, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, afirmaba en el salón de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que sin prensa no existe verdad. Que sin verdad no existe confianza. Y sin confianza compartida no hay convivencia. Sin duda se trata de un debate que ha cobrado especial actualidad en la última semana tanto en la agenda institucional como en la mediática, y la social.

Azoulay insistía en que la situación de los y las periodistas es reflejo de la sociedad para la que trabajan. Pero los periodistas afrontan desde hace décadas varias amenazas a su seguridad en nuestras democracias. Y sin seguridad no cabe un periodismo de calidad. Es la primera premisa que debe cumplirse. La seguridad física, pero también la seguridad económica, y la digital. Tres cuartas partes de las mujeres periodistas han sido víctimas de acoso 'online', y en el 80% de los casos en los que se produce una agresión física a periodistas se ha sufrido previamente la amenaza, el acoso, la agresión, en el ámbito digital.

Nueve de cada diez periodistas cubren, a lo largo de su trayectoria profesional, varios sucesos potencialmente traumáticos, que pueden tener un impacto en su salud mental. Y lo hacen sin formación y sin protocolos en los medios. No solo quienes cubren conflictos, catástrofes naturales o crisis migratorias, donde la incidencia es mayor, sino también quienes informan sobre accidentes de tráfico, violencia machista, asesinatos, violencia callejera, incendios... Son los primeros en presentarse en esos escenarios, junto con los servicios de asistencia médica, policía o bomberos. Pero los únicos sin atención ni protocolos para su cuidado.

Los y las periodistas son el primer blanco de quien quiere ostentar el poder sin crítica ni control. Los intentos de neutralización de periodistas son la primera medida de gobernantes autoritarios. Es célebre la amenaza a periodistas atribuida al presidente de México en los 80, con una frase que ilustra el poder y ambición de la política, y también la debilidad del periodismo: «No te pago para que me pegues». Las presiones económicas sobre los medios de comunicación son un recurso de represión que se ha ejercido tradicionalmente desde el poder. Pero tampoco se paga para proteger. Y, desde luego, no debería pagarse para desinformar.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado la desinformación como problema de primer nivel para las democracias, y apelaba a la sociedad y a los medios de comunicación a ser parte de la solución. Pero cómo. Esa es la gran pregunta.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 13 de marzo la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación para proteger tanto a periodistas como a medios de comunicación «de interferencias políticas o económicas». Existen iniciativas muy importantes, entre ellas, sin duda, la alfabetización mediática, que proporciona la capacidad de identificar si las informaciones cumplen con los requisitos que exige el método periodístico. La mayor garantía de acceder a información veraz es que esté elaborada conforme al método periodístico. Porque solo la ciudadanía erigida en audiencia puede proteger a la prensa.

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Son necesarios los llamamientos a la comunidad internacional, a las universidades, a los sindicatos, a las asociaciones de la prensa, a los medios. Sin embargo, es esencial el llamamiento a la ciudadanía, para dar valor al periodismo como profesión, reconocer su función pública o exigir nuestro derecho de acceso a la información veraz. Y para ello debemos asumir también nuestro deber de informarnos.

Los periodistas son la vigilancia del poder, la representación ciudadana para controlarlo, y el periodismo funciona como sistema de alerta temprana para las amenazas de la democracia. Porque no hay democracia sin periodismo. Pero no hay periodismo sin audiencia. Y, tal y como afirma el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, el reconocimiento social al periodismo es una manera de protegerlo. La principal.

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