Pisar callos

No parece, desde luego, el mejor caldo de cultivo para que florezca el clima de confianza necesario que pueda cristalizar, ya en otoño, en un acuerdo sólido para impulsar unos Presupuestos de salvación nacional. El cóctel es explosivo: descoordinación creciente, recelos, agravios acumulados, reproches, cuando no bravatas sin contemplaciones como la que lanzó ayer el republicano Sergi Sabrià, que animó a los catalanes a la insumisión contra los planes del Gobierno central para que los niños puedan salir a la calle. Lo sorprendente es que lo hizo antes incluso de que la portavoz Montero hiciera saber que se les podrá llevar al súper o a la farmacia, probablemente la medida que más unamidad ha suscitado en los últimos tiempos... en contra -de hecho, el Gobierno rectificó horas después-. Eso y que, por muy marciano que parezca, ERC es el socio clave que da y quita mayorías a Pedro Sánchez hasta que alguien (¿Pablo Casado?) demuestre lo contrario.

La controvertida vía original para aliviar el confinamiento de los menores dio alas a lo grande a lo que era ya un clamor no tan silencioso: el abierto cuestionamiento de las decisiones del Ejecutivo por parte de las comunidades autónomas. Si se descuentan las gobernadas por el PSOE, que también han sido críticas pero discretas por obligada disciplina de partido, y a los mandamases del Govern, siempre impúdicos hasta el extremo de presuponer que en una Cataluña independiente habría menos muertos, el hartazgo por lo que Andoni Ortuzar llama «pisar callos» ha unido a nacionalistas y populares sin distinción.

Las quejas son similares y tienen como denominador común la sospecha de que no tendrán poder real en la desescalada y de que el Ejecutivo se saca de la chistera a golpe de decreto medidas que después toca pagar a escote a las autonomías. El ingreso mínimo vital por cuya paternidad Pablo Iglesias ha peleado a brazo partido dentro del Gobierno les tiene con la mosca detrás de la oreja. ¿Quién paga? Piensan que lo lógico es que el Gobierno central abone el mínimo y las autonomías lo complementen para aquellos perceptores que tengan derecho a una ayuda mayor. Pero no se fían. Los planes para finalizar el curso escolar también provocaron el 'levantamiento' de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Euskadi. Un efecto similar tuvo la decisión de detraer las partidas autonómicas para formación laboral y las ayudas al alquiler, con una dotación económica que, de nuevo, comunidades tan dispares como Murcia o Euskadi ven insuficiente. Muchos dieron por muerto el modelo autonómico pero, seguramente, a quienes siempre lo han defendido les toca ahora mantenerlo a flote demostrando que creen en él.