Cuatro días después de que Álvaro García Ortiz proclamase en la apertura del año judicial su confianza en la Justicia y en la verdad, el ... juez instructor ordenó la apertura de juicio oral en su contra en el Supremo. También le requirió una fianza de ciento cincuenta mil euros. García Ortiz no dijo nada de que creyese en el cálculo de las responsabilidades pecuniarias. Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Se insiste en el dato con razón. Pero no sé si la insistencia termina por transformar en excepcionalidad estadística lo que es un absurdo que bordea el fallo sistémico. Eso explica que el juez instructor rechace en su auto la petición de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz porque, entre otras cosas, no encuentra una norma extensible a un caso «tan excepcional y único, no ya de un fiscal, sino del fiscal general del Estado».
Publicidad
A diferencia de la alta magistratura, la política no tiene problemas para gestionar la excepcionalidad. Basta con disponer del argumentario más falaz y polarizador posible, tener lo que hay que tener para no dar un paso atrás y arremeter, siempre arremeter. Ayer el Gobierno insistió en que García Ortiz no debe dimitir porque ya dicen ellos que es inocente. Mientras tanto, Patxi López definió al fiscal general como un defensor de la verdad y desdeñó esa idea que tienen «algunos» de que renuncie «para que no se contamine no sé qué». Lo que López no logra definir es, por ejemplo, la arquitectura institucional del Estado, lo que no está mal para alguien que ha sido nada menos que lehendakari y presidente del Congreso.
Por otro lado, no deja de ser gracioso que insistir en eso de que se persigue al fiscal por desmentir un bulo sea un bulo mayúsculo, olímpico, perfecto. De lo que se le acusa es de revelar datos sometidos a secreto desde su altísima autoridad. Dimitir y defenderse sin el amparo del cargo habría sido defender el cargo, la dignidad del servicio público y el resto del no sé qué. En su búsqueda del argumento invencible, el oficialismo podría dar el paso de presentar como un avance en la modernización de la Justicia -¡otra lección al mundo!- el hecho de tener al fiscal general conociendo personalmente el sistema desde abajo, desde el banquillo.
Revolución Z
Para distinguir entre generaciones, antes bastaba con no hacerse un lío entre el 98 y el 27. Ahora todo es más complicado y la generación Z, o sea, los 'zoomers', son los jóvenes que vienen tras la generación Y, o sea, los 'millenials'. Los Z tienen ahora mismo veintitantos. Y en Nepal están haciendo la revolución. El suceso que ha agotado su paciencia ha sido el corte de las redes sociales. Pero no por razones relacionadas con los bailes en TikTok, sino porque a través de esas redes se estaban organizando en el país las protestas contra el Gobierno del primer ministro K. P. Sharma Oli. Las protestas son muy violentas. Están causando decenas de muertos y ofrecen imágenes tan poderosas como el incendio del Parlamento y otros edificios oficiales. Algunos con sus inquilinos dentro. El primer ministro dimitió ayer y el Ejército hace llamamientos a la calma. La generación Z nepalí no parece sin embargo dispuesta a calmarse. Su precariedad y falta de oportunidades convive en el país con los privilegios de una élite corrupta. Con la violencia desencadenada, el futuro del país es un enigma. Todo el lirismo de la revolución en los tiempos de Facebook y Twitter se agotó con las primaveras árabes, que terminaron, como se sabe, regular.
Accede todo un mes por solo 0,99€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión