Guiños entre amenazas

Se acabó la espera. El Tribunal Supremo ordenó ayer la apertura de juicio oral contra 18 de los acusados por el fallido 'procés', entre ellos el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La Sala Segunda del alto tribunal deja fuera del banquillo, libre, al expresident Artur Mas. También a la exlíder del PDeCAT, la moderada Marta Pascal, y a la responsable de la Asociación de Municipios per la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Como se esperaba, nueve de los procesados se enfrentarán a una condena de entre 15 y 25 años por rebelión. También son nueve las imputaciones por malversación y hay otras tantas por desobediencia.

Le faltó tiempo al actual president de la Generalitat para comparecer -sin preguntas, claro- y lanzar toda suerte de improperios y amenazas. Quim Torra habló de «infamia» y «farsa». Ratificó que el secesionismo no aceptará ninguna sentencia «que no sea la absolución» de los políticos presos. Y advirtió de que si hay condena, que la habrá, «el pueblo catalán se enfrentará al fallo con la misma determinación del 1-O y del 3-O», lanzó.

Palabras, amenazas intolerables. En especial por proferirlas quien es aún el legítimo presidente de los catalanes. Por cierto, de todos los catalanes, aunque día tras día evidencie justo lo contrario.

Y es que en el fallido 'procés' hay cuestiones discutibles y otras que ningún demócrata debiera poner en solfa. Entre estas últimas que hace un año el secesionismo se burló de la legalidad en el Parlament, que celebró una seudoconsulta de manera ilegal y no digamos nada del hecho de aprobar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), por mucho que se dejara de inmediato en suspenso. Es decir, se cometieron delitos sí o sí, se mire por donde se mire.

El pronunciamiento del alto tribunal llega cuando PSOE y Podemos se esfuerzan en hacer toda clase de guiños al soberanismo para que respalde los Presupuestos del Estado para 2019. Un acuerdo con vocación de pacto de legislatura que contempla como medida estrella la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales por catorce pagas, la mayor de la historia, y que aliviaría la situación a decenas de miles de ciudadanos.

El miércoles el presidente Pedro Sánchez, a rebufo de una intervención del portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, y ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, al hilo de las razones argüídas por la Justicia del estado alemán de Schleswig-Holstein para negar la extradición a España del expresidente Carles Puigdemont, se sumaron a las importantes voces (Felipe González, Pascual Sala o Enrique Gimbernat, entre otros muchos) que cuestionan, con criterio, que se pueda acusar de rebelión a los líderes del 'procés'. El objetivo, ya saben, que ERC vote 'sí' a las Cuentas de las izquierdas.

Sánchez se equivoca. No por cambiar de opinión y pasar de defender la condena por rebelión a sugerir otros tipos penales que implican condenas menores. La sedición se castiga con entre 10 y 15 años, y la conspiración para la rebelión, con 7 años y medio. Sino porque nada se puede discutir con quien niega lo obvio, que hace un año se cometieron delitos, y exige la quiebra del Estado de Derecho para que se les absuelva.