La imposición de criterios unitarios de obligado cumplimiento en toda España sobre horarios y aforos en el ocio nocturno, la hostelería y los eventos masivos ... hasta que esté vacunado el 70% de la población ha desatado un innecesario conflicto institucional cuando más conveniente resulta concentrar los esfuerzos en acelerar la vacunación y encarar los efectos de la pandemia en la economía. La controvertida resolución aprobada el miércoles por el Consejo Interterritorial de Sanidad supone un nuevo volantazo de Pedro Sánchez al sustituir inopinadamente la llamada cogobernanza por la aplicación de normas homogéneas en las comunidades en función de cuál sea su nivel de riesgo. El hecho de que la propuesta contase solo con el apoyo de las presididas por el PSOE y de que el Gobierno vasco y la Generalitat se negasen a participar en la votación y denunciaran una «invasión de competencias» ilustra sobre la fractura territorial que ha abierto. Da fe de su profundidad la rebelión de Euskadi, Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, que anunciaron ayer su rotunda negativa a cumplir las medidas.
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Sin un consenso mínimo al respecto ni una situación sanitaria de una singular gravedad que aconseje recuperar una gestión centralizada, como sucedió tras el estallido de la crisis, no se acierta a entender el movimiento por el que el Gobierno asume ahora facultades de las autonomías y toma el control de la desescalada. El polémico plan no ha sido publicado en el BOE, se desconocen los términos precisos en los que La Moncloa pretende hacerlo efectivo y es dudoso que jurídicamente pueda ser de obligado cumplimiento tras el estado de alarma.
La cogobernanza precisa de un consenso próximo a la unanimidad para que merezca tal denominación. La unidad de criterio en cuanto a las pautas de la desescalada resulta básica para que sean efectivas. El desconcierto resultante de la discrepancia institucional mina las posibilidades de actuar ordenadamente contra lo que reste de pandemia y de atenuar su impacto. Además, la reactivación de la vida social, la movilidad interior y la llegada de visitantes dependen de que no haya dudas y mucho menos contradicciones en la normativa aplicable en cada momento y en cada lugar. Reino Unido decidió ayer mantener a España fuera de la lista de destinos seguros. La seguridad requerida la dará una menor incidencia del covid, pero también la claridad en las medidas en vigor.
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