¿Qué es la diligencia debida?

Estos Principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas -incluyendo las trasnacionales-, con independencia de su tamaño, sector, ubicación y propietarios. Los Estados acuerdan elaborar «planes nacionales» para promover el compromiso de las empresas con los derechos humanos y esas tres grandes palabras -proteger, respetar y reparar- han permitido importantes avances en el diálogo entre Estados y compañías y han facilitado un compromiso cada vez mayor de las empresas.

Sin embargo, mientras para los Estados es obligatorio cumplir estos principios, para las empresas permanece en el ámbito de lo voluntario. Cualquier empresa puede suscribirlos, adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o sumarse a los 10 Principios del Pacto Mundial, pero no existe ninguna obligación, jurídicamente vinculante, que exija a las empresas el respeto tanto de los derechos humanos como del medio ambiente, o su reparación cuando esta sea legítima y necesaria.

Citamos dos casos seguidos por Manos Unidas en los últimos años. El primero tuvo lugar en 2019 en Brasil, cuando la presa de Brumadinho colapsó e inundó la región con miles de metros cúbicos de aguas tóxicas provenientes de una mina. Con más de 250 muertos y un daño ambiental aún en expansión, la empresa se niega a indemnizar a las familias y reparar los daños provocados. El segundo ejemplo lo tenemos en Yurimaguas, territorio indígena peruano en el que 22 comunidades se vieron afectadas en 2016 por una docena de vertidos de crudo en el oleoducto gestionado por la empresa estatal Petroperú. A día de hoy el agua está contaminada, el petróleo sigue descendiendo por el río y no se han construido los pozos prometidos para que las comunidades accedan a agua limpia.

Por esta razón, desde hace tiempo se viene trabajando en diversos ámbitos por una ley de «diligencia debida» que obligue jurídicamente a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales, así como a reparar los daños con independencia del lugar donde se hayan provocado. Esta misma idea está presente en la Encíclica Laudato si', cuando el Papa Francisco alude, por ejemplo, a la necesidad de «marcos regulatorios globales» que impidan que las empresas o países «expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (LS 173)».

Desde Manos Unidas trabajamos en este proceso a tres niveles: en España, como parte del Observatorio para la Responsabilidad Social Corporativa con el fin de implantar una ley nacional de diligencia debida. En Ginebra seguimos con interés las conversaciones de los Estados para instaurar un mecanismo jurídicamente vinculante para las compañías trasnacionales. Y, recientemente, seguimos la iniciativa nacida en el entorno de la UE para aprobar una ley que regule la diligencia debida de las empresas de la Unión en cualquier lugar del mundo.

Asimismo, como parte de Cidse -la red católica de organizaciones de desarrollo a la que pertenecemos-, nos unimos a su iniciativa que promueve que obispos de todo el mundo apoyen un comunicado dirigido a la UE a favor de una ley de diligencia debida para las empresas europeas. En el texto, firmado por más de 110 obispos, se insta a los Estados a «mantener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para proteger los derechos humanos frente a abusos corporativos», con el objetivo de «detener, prevenir y mitigar los riesgos y las violaciones relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro, así como mejorar de forma sustancial las posibilidades que tienen las personas afectadas de exigir indemnizaciones en tribunales civiles nacionales».

Para Manos Unidas, el sector privado empresarial es un actor clave para construir un mundo cada vez más justo y sostenible, y por eso compartimos espacios como la Red Española del Pacto Mundial y financiamos conjuntamente proyectos de desarrollo en diferentes regiones del mundo.

Creemos en el enorme potencial de aquellas empresas que, además de generar beneficios, actúan de manera socialmente responsable, crean riqueza local, pagan impuestos, respetan los derechos humanos y laborales y cumplen con la normativa ambiental. Nuestro futuro común, y la lucha contra el hambre y la pobreza, dependen, también, del liderazgo transformador de este tipo de empresas justas, solidarias y sostenibles.