La victoria de Ayuso perpetúa la ventaja fiscal de Madrid sobre Euskadi

En lo que a la presidenta de Madrid se refiere, el asunto deja poco lugar para la duda. La misma noche electoral, en plena euforia tras verificar que había arrasado en las urnas, Isabel Díaz Ayuso se refería a una de las primeras medidas que iba a adoptar con la formación de su nuevo Ejecutivo: «Bajar impuestos». Si no quieres taza, dos tazas.

En esa competencia que Madrid establece con los impuestos -nada distinto a la que ejerce cualquier empresa con sus precios-, la comunidad presidida por Ayuso tiene tres 'zanahorias' para atraer a contribuyentes de rentas elevadas; colectivo que también guarda un claro paralelismo con profesionales de sectores punteros, empresarios y gestores de capitales. Una es el Impuesto sobre la Renta, el más común entre los contribuyentes, que grava los ingresos anuales. Ahí Madrid ofrece un tipo máximo del 43,5% frente al 49% que se aplica en el País Vasco. Y esos 5,5 puntos de diferencia son muchos miles de euros cada año para contribuyentes de ingresos elevados. La segunda, probablemente la 'reina de todas las zanahorias', es la inexistencia del Impuesto de Patrimonio, que se aplica en el País Vasco a quienes tienen propiedades con un valor superior a los 800.000 euros en Bizkaia y 700.000 en Gipuzkoa y Álava, sin contar la vivienda habitual. El tercer gancho es el Impuesto de Sucesiones, el que se aplica a las herencias, que establece una especie de 'gratis total' para la transmisión de bienes entre padres e hijos.

Gipuzkoa vivió una salida significativa de contribuyentes de rentas elevadas cuando aplicó el denominado Impuesto sobre las Grandes Fortunas, en el Ejecutivo foral presidido por EH Bildu, pero este fenómeno ha afectado a los tres territorios con un impacto desigual. En octubre de 2019 el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, admitía en una comparecencia ante las Juntas Generales que había deslocalización de contribuyentes.

Pero puede haber batalla, y de las gordas. Presionado por las comunidades que gobierna el PSOE y alentado también por el PNV, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva mucho tiempo estudiando medidas para terminar con esa competencia fiscal de Madrid. Supondría un recorte en la autonomía y la corresponsabilidad de las comunidades, pero en el plan de reformas remitido recientemente a Bruselas se hace referencia a «garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado». Sería algo así como determinar tipos mínimos, suficientemente elevados como para impedir que el margen de maniobra autonómica genere una situación como la actual. El PSOE ya estuvo tentado de introducirlo en la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para 2021, pero al final decidió retirarlo y aplazar su aplicación.

El asunto no es pacífico. Desde el PP ya han surgido voces advirtiendo que un ataque directo contra la fiscalidad madrileña con el BOE en la mano, puede despertar los ataques al Concierto Económico y a las supuestas ventajas que ofrecen las haciendas vascas. Algo que en el terreno de las empresas, por ejemplo, es más que evidente.