Euskadi afronta la renovación de una avalancha de convenios con el IPC desbocado

Los datos hasta octubre del último informe del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) muestran que solo 253.412 trabajadores vascos, el 42% de los asalariados, tenían sus convenios vigentes a esa fecha; mientras que 292.662 los tenían prorrogados (el 48,4%) y 59.117 ni siquiera disponían de cobertura, al haber decaído el acuerdo. Pero la situación va a empeorar considerablemente en el recuento de fin de año, porque muchos convenios tienen el 31 de diciembre como fecha de caducidad y luego entrarán en ultraactividad.

En Bizkaia, por ejemplo, se contabilizaban al cierre de octubre 57.225 trabajadores cubiertos por convenios sectoriales negociados en el territorio y al acabar el año apenas quedarán 14.100. La razón es el vencimiento el 31 de diciembre del acuerdo del Metal, el de transporte de viajeros y el de intervención social. En empresas ocurre algo similar, dado que de los 180 acuerdos vigentes, prescriben unos 100, que afectan a 11.000 trabajadores.

«Es más fácil enumerar lo poco que tenemos firmado. Hay que renovar prácticamente todo», señala Mikel Anderez, responsable del área jurídico laboral de Cebek, que recuerda que el tiempo medio de negociación supera los 16 meses. Entre los escasos acuerdos que se han alcanzado recientemente, figura el de comercio de alimentación, que se firmará en breve con ELA, UGT, CC OO y LAB. Contempla una subida salarial del 3,7% para la categoría de auxiliar de caja-reponedor.

También se ha alcanzado un pacto para Sidenor, de cinco años, con un aumento final mínimo del 10% y un máximo del 15%, que arrojaría una media del 3% anual. Se trata, no obstante, del convenio marco sellado con CC OO, UGT y USO, que se debe debatir en cada planta. ELA ya ha advertido de que está en contra y no descarta movilizaciones. «Es inaceptable firmar la paz social para tanto tiempo con un incremento salarial topado, sin saber cómo va a evolucionar el IPC», señala Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de la central.

Estos dos convenios acordados son excepciones dentro de la masa pendientes de renovar. Entre ellos cabe destacar, por el número de afectados, el del Metal de Álava (13.000 trabajadores), que lleva años atascado en la negociación, y el de Bizkaia (40.000 asalariados), sellado en 2017 después de 10 días de huelga. Otro tanto ocurre con el de las residencias, que en Bizkaia se firmó también en 2017 tras dos años de paros, y en Álava se está negociando por primera vez. Queda el comercio, el transporte, la limpieza... y la hostelería. «Es muy complicado avanzar por la incertidumbre en torno al IPC, no se sabe si es un fenómeno transitorio o no y las empresas tienen muchas dificultades», señala Héctor Sanchez, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

Ante este problema, la patronal guipuzcoana Adegi hizo un llamamiento para tomar como referencia el IPC medio de este año (del 3%) en vez del interanual (cercano al 5%) o repartir la subida entre los dos próximos ejercicios. Cebek, sin embargo, no es partidaria de recomendaciones generales sino de pedir que «se tenga en cuenta el resultado de las empresas, no solo la subida del IPC», según explica Anderez. «La mayoría de compañías no se ha recuperado y sufre por la subida de costes», recuerda.

Los sindicatos rechazan que los salarios pierdan poder adquisitivo cuando ha subido tanto la cesta de la compra y la factura energética. «El IPC interanual es la referencia histórica y la que vamos a defender», señala Igeregi, que vaticina «conflictividad en todos los ámbitos». «Ha habido un ataque al poder adquisitivo de los salarios, que han perdido peso en el PIB», coincide Xabier Ugartemendia, de LAB. En la misma línea, Fran Osuna, de CC OO-Euskadi, sostiene que «los trabajadores no pueden ser los paganos», un mensaje muy similar al que lanza Daniel González, de UGT-Euskadi.