Eudel defiende que la Ley de Aportaciones garantiza más recursos para los ayuntamientos
Urtaran recuerda que el texto recoge un porcentaje de participación mínima en los tributos concertados del 39,2%
E. C.
Viernes, 8 de octubre 2021, 22:34
La nueva Ley de Aportaciones, aprobada el jueves en el Parlamento vasco, es «muy positiva» para los ayuntamientos porque les garantiza «más recursos» económicos. Fue ... la respuesta que dio ayer el alcalde de Vitoria y presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, a las críticas recibidas desde todos los partidos de la oposición sobre el texto, renovado después de diez años con los únicos votos de PNV y PSE. «O no entienden o no quieren entenderlo», censuró.
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La Ley de Aportaciones rige el reparto de los ingresos recaudados vía impuestos entre las instituciones vascas. Contempla un incremento de hasta el 70,8% de lo que recibirá el Gobierno vasco y el reparto de cómo debe contribuir cada uno de los tres territorios. En relación a los ayuntamientos, se establece un porcentaje mínimo de participación en los tributos concertados del 39,2%, punto y medio más que en la última ley.
Urtaran, que hizo estas valoraciones tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria, destacó que «por primera vez» han podido participar, junto al Gobierno vasco y las diputaciones forales, en la elaboración de un proyecto de este tipo. Añadió, asimismo, que es la primera ocasión en que la Ley de Aportaciones incluye «un capítulo específico» sobre la participación de las entidades locales en el sistema de tributos concertados.
En este sentido, resaltó Urtaran, la ley recoge un «mínimo obligatorio» con el que las diputaciones han de financiar a las entidades locales, una suma que en la anterior Ley de Aportaciones se contemplaba solo como «recomendación» y cuya cuantía era inferior a la actual. Afirmó que, a través de este instrumento, «los ayuntamiento no van a cobrar menos», dado que «cobrarán lo mismo, si no más».
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Por otro parte, indicó que la dotación del fondo de servicios sociales pasa de 20 a 35 millones de euros, lo que permitirá que las entidades locales dispongan de más recursos.
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