La sala con miles de pruebas de delitos

EL CORREO accede por primera vez a este almacén de los juzgados de Bilbao. Esta semana hay bastante movimiento. En realidad, nadie es capaz de precisar cuántas pruebas hay almacenadas. Lo que está claro es que son miles. Quizás una decena de miles. Porque muchas pueden ser tan pequeñas como un botón de una camisa, pero que pueden constituir la piedra angular para determinar la culpabilidad o la inocencia de un acusado.

«En lo que llevamos de año se han recibido 818 objetos», explica Jon, uno de los funcionarios encargados de la custodia. Son muchos, pero hay que tener en cuenta que hay pruebas que se guardan en otros lugares por razones de seguridad. Por ejemplo, las armas de fuego, los explosivos, las drogas, los productos tóxicos, los medicamentos, la comida perecedera, los documentos personales y el dinero se llevan a otros lugares.

A simple vista, la planta menos tres del edificio de la calle Buenos Aires podría parecer un gran mercadillo. Aquí se pueden encontrar desde bicicletas hasta crucifijos. Desde catanas usadas en ataques de violencia de género hasta matrículas falsas. Desde móviles de alta gama hasta muletas usadas como arma en una pelea de bar. Desde unas zapatillas de casa hasta unos alicates y un mazo utilizados en un asalto a un domicilio. Desde un pala de cricket hasta réplicas de subfusiles o un pantalón utilizado durante una violación. Es decir, todo son objetos que han sido «robados o usados para delinquir». La idea, en términos generales, es que todos ellos sirvan a los jueces para que puedan hacerse una idea de lo ocurrido y dictar una resolución.

En realidad, todo lo que hay aquí está gestionado por los juzgados que investigan cada caso concreto y está vinculado a un atestado policial. «Lo que hace el decanato es poner una instalación para que se puedan almacenar las piezas de convicción con garantías», explica Uriarte. El juez decano insiste en que nunca han tenido un problema por pérdidas de piezas o por quebrantamientos de la cadena de custodia, que es el procedimiento que se aplica a los indicios materiales relacionados con un delito. El objetivo es evitar alteraciones y contaminaciones de los objetos desde que son encontrados en el escenario de un crimen.

La actividad es intensa en el sótano del Palacio de Justicia. A media mañana llega un oficio de un juzgado de instrucción para que se puedan almacenar una serie de cajas. En apariencia son unos objetos utilizados para almacenar droga. Los utensilios relacionados con el tráfico de estupefacientes aparecen por aquí con cierta frecuencia. Pero lo más habitual son los «móviles, las navajas y las herramientas usadas en robos». Jon, el funcionario del decanato, es el encargado de recepcionar las nuevas cajas en presencia de otro trabajador público. A partir de ese momento empieza un detallado protocolo destinado a garantizar que la entrega se ha realizado sin irregularidades y sin romper la cadena de custodia, ya que de otra manera podrían acabar siendo declaradas inutilizables durante el proceso judicial.

Los funcionarios sellan unos documentos que detallan la hora y el lugar de la entrega y que garantizan a todas las partes que el proceso se ha realizado sin problemas. Cada objeto está vinculado a su número de procedimiento judicial. Después se introduce su referencia en el ordenador. Y, por último, se guarda. Cuando el objeto sale se sigue el mismo procedimiento. En este caso, Jon lo coloca en la zona destinada a los objetos que no tienen una clasificación clara. Lo tiene más fácil cuando entra una gabardina, un móvil, armas blancas y herramientas. Todos estos objetos tienen su espacio propio. Una curiosidad: hay tanta ropa almacenada que se necesitan productos de limpieza para evitar que aparezcan bichos o que acabe muy deteriorada.

Como norma general, los objetos salen de aquí cuando concluye el proceso judicial. A las víctimas se les devuelven las cosas «lo antes posible». Algunas pruebas se mandan destruir pasados los cinco años del último juicio, pero está decisión corresponde a cada juzgado. Esta medida también requiere de un detallado procedimiento. Se van acumulando hasta que llega una empresa encargada de deshacerse de ellos. Entre otras cosas, los funcionarios deben anotar el peso neto de la carga que se llevan, el nombre de la compañía y la matrícula del vehículo. Todo para garantizar el buen funcionamiento de la sala de las 10.000 pruebas de delitos.