El Gobierno vasco acusa al central de «no querer reparar» a las víctimas de abusos policiales

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha acusado al Gabinete Rajoy de «no compartir el derecho a la reparación» de las víctimas de vulneraciones humanitarias graves tras haber recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento autonómico el pasado agosto. La norma se encuentra actualmente suspendida, a la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal, y Fernández ha anunciado que Lakua va a solicitar durante los próximos días el levantamiento cautelar del veto judicial. Sea desbloqueada o no, el Ejecutivo vasco pretende dar «pasos firmes» para defender la validez del texto recurrido y «seguir impulsándolo».

Jonan Fernández ha comparecido este miércoles en el Parlamento vasco para explicar la estrategia que va a seguir el Gobierno autonómico después de que el Estado presentara el pasado 10 de mayo un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada oficialmente como Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, que ha supuesto la suspensión temporal de varios de sus artículos.

El Ejecutivo central argumenta, entre otras cuestiones, que la comisión de valoración que se propone crear, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces. El secretario de Derechos Humanos y Convivencia ha calificado como «incomprensible» el recurso del Estado, al que ha acusado de presentar una denuncia «basada en a prioris» porque «hace decir a la ley lo que no dice para tacharlo de inconstitucional».

Jonan Fernández ha ido más allá y ha denunciado que Madrid no ha analizado la ley de abusos policiales «de buena fe», ha lamentado que busque «excusas para neutralizar» el texto del Parlamento autonómico y ha acusado al Estado de «anteponer sus temores y prejuicios a la reparación de las víctimas». Mientras el Constitucional emite su fallo respecto a los artículos recurridos tiene de plazo hasta octubre, Fernández ha reprochado a Madrid que haga una «interpretación errónea» de las funciones de la comisión de valoración porque «no será un foro investigador sino que se limitará a acreditar» la existencia de víctimas.

Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo Urkullu abrirá una campaña para defender la seguridad jurídica de la norma a través de la consulta a expertos. Tenga o no ley, el Gobierno vasco aboga por «habilitar otros mecanismos» para tramitar las reivindicaciones de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos, extremo que deben acreditar con sentencias judiciales o pruebas fehacientes «que se pudiesen presentar en un juicio».

Lágrimas de Pili Zabala

Las críticas de Jonan Fernández al Ejecutivo Rajoy han sido secundadas por el PNV, cuyo parlamentario Iñigo Iturrate ha expresado su «nula confianza» en que el Constitucional levante el veto a la ley de abusos policiales. «No tienen ningún interés en reconocer a las víctimas», ha insistido antes de reclamar «que las necesidades del Gobierno español aumenten en alusión a la necesidad de llegar a pactos presupuestarios y en otras materias para arreglar esto». Desde EH Bildu, su portavoz Julen Arzuaga ha sumado otro reproche al asegurar que Madrid «quiere decidir a qué víctimas se puede reconocer y a cuáles no».

En una sesión que ha quedado marcada por las lágrimas de Pili Zabala (Elkarrekin Podemos) su hermano Joxi fue asesinado por el GAL mientras lamentaba que «muchas vulneraciones a víctimas se han ocultado durante años», el popular Carmelo Barrio ha criticado al Gobierno vasco por aprobar la ley de abusos policiales «a todo correr». «Batieron todos los récords de fugacidad en el Parlamento y eso no ayuda a la calidad del texto». Por su parte, Rafaela Romero (PSE) ha pedido a las partes implicadas en el recurso que reconduzcan la situación «abandonando la guerra de informes y poniendo por delante a las víctimas».