El juez dice que la enfermera antivacunas dejó sin inmunizar a «404 menores»

En el auto judicial, que es recurrible, se da un dato desconocido hasta ahora. La enfermera investigada -apunta la jueza- «desechó las vacunas de 404 menores». Es decir, dejó sin inmunizar a muchos más niños de los que se pensaba en un primer momento. Son prácticamente todos los niños atendidos por esta sanitaria en los últimos años en Kabiezes a los que tendría que haber inyectado diferentes preparados.

El caso se destapó a raíz de las denuncias internas de unas pocas familias en octubre de 2022. Se da la circunstancia de que en un primer momento la investigación de Osakidetza se centró en la triple vírica. Después se ampliaron las pruebas a medio centenar de niños. Y finalmente las pesquisas se ampliaron a unos 400 menores, todos los que pasaban por su consulta.

Las primeras denuncias judiciales fueron presentadas por unas 40 familias. Reclamaron su inhabilitación como sanitaria y que Osakidetza asuma la responsabilidad por aquellos hechos. En medio de la polémica, EL CORREO consiguió contactar con la sanitaria, que lleva de baja desde que estalló el escándalo. La mujer negó que no vacunase a los niños. Afirmó que les puso «lo que tenía que ponerles». Y aseguró que, en realidad, sólo tuvo problemas con un puñado de familias a las que no les gustaban las cosas que ella les decía durante las consultas en relación a los alimentos y los tratamientos «naturales». Poco después no dudó en mostrarse abiertamente en contra de las vacunas. «Sobran. Somos seres perfectos. Tenemos un sistema inmunológico perfecto. No podemos ver el mundo que nos rodea como algo hostil ni tomar decisiones basadas en el miedo», sostuvo.

En marzo del 2023 comenzaron a declarar en los juzgados las familias afectadas. Le acusan de «falsificación documental» por anotar vacunas no inoculadas en su historia clínica, de «malversación de caudales» por desperdiciar los sueros y de un delito contra la salud pública«. En estas circunstancias, tras diversas pruebas periciales y testificales, la magistrada de Barakaldo ha dado por concluida la instrucción. Considera acreditado «indiciariamente» que, desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022, la enfermera, que era la encargada de la vacunación, «introducía las agujas de las jeringuillas» en los niños, pero «sin llegar a inocular el contenido de las mismas, no realizando las vacunaciones, pero anotándolas como realizadas» en sus cartillas de vacunación e historiales médicos.

El valor de las vacunas no suministradas y que fueron desechadas -apunta el auto- asciende a 26.763,99 euros. Osakidetza se vio obligada a volver a iniciar el proceso de vacunación de los menores, lo que ha provocado un coste de 5.382,46 euros en materia de gasto de personal para el Servicio vasco de Salud.

En definitiva, concluye que los hechos son «aparentemente constitutivos« de sendos delitos de daños y falsedad documental, «sin perjuicio de la calificación que pueda resultar definitiva». Por lo tanto considera que el proceso judicial debe avanzar hacia una nueva fase, aunque cabe la posibilidad de que se introduzcan nuevos delitos. La acusación particular, de hecho, acusará a la enfermera por daños (también morales), falsedad documental, pero también por un delito contra la salud pública. Además, insistirá en el papel del Gobierno vasco como responsable civil subsidiario de lo ocurrido.