La gran estafa de dos hermanos vizcaínos

Dos hermanos vizcaínos -ella licenciada en Derecho, con cargos directivos en 12 empresas; y él, mediador de seguros- lideraban una banda que se apropió de las herencias de 22 ancianos fallecidos durante la pandemia de Covid-19. Como cómplices tenían a un extrabajador de un ayuntamiento con influencia en el Registro de la Propiedad, dos operarios de un tanatorio y el empleado de un geriátrico. La operación de la Guardia Civil, que se denomina 'Mano negra', se ha saldado con siete detenidos y nueve registros, cuatro de ellos en Bizkaia, en dos viviendas y otros dos locales en las localidades de Urduliz y Sopela.

Todo comenzó en mayo de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio de un extranjero que murió en la localidad alicantina de Benissa y, ante la imposibilidad de localizar a familiares, precintaron la vivienda. Al cabo de unos meses, regresaron al inmueble y no sólo se encontraron con que alguien había retirado el sello judicial de la puerta, sino que ya estaban haciendo reformas y habían sido sustraídos diferentes objetos, entre ellos una moto de alta gama.

Al buscar esa propiedad en internet, descubrieron que, para colmo, la casa estaba anunciada en un portal y se encontraba disponible para ser alquilada. Tenían un hilo del que tirar. En esa primera fase, los investigadores identificaron a varios miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio ubicado en la comarca alicantina de la Marina Alta. Además de sustraer las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, habrían pasado información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.

Sólo estaban ante la punta del iceberg. Cuando la organización se aseguraba de que ningún familiar reclamaba el cadáver del fallecido, entraban en acción los supuestos cabecillas de la banda, dos hermanos vizcaínos. Ella, de 63 años, tiene estudios en Derecho y él, de 54, es mediador de seguros. La mujer era gerente de una docena de empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era dueño de una correduría de seguros. Cuando se vio cercada por la investigación, habría empezado a planear cómo marcharse del país, pero la Guardia Civil se lo impidió.

En total, los investigadores han identificado a 22 ancianos fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal. Dos de ellos son de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo la mayoría de ellos de herederos conocidos. Dos de las víctimas de los estafadores siguen vivas, una de ellas tiene 96 años y la estafaron 100.000 euros en cinco cargos y la otra es de nacionalidad alemana y se apropiaron incluso de las cenizas de su marido.

Los investigadores han acreditado la supuesta participación de este grupo en la apropiación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros. La mayoría están en España, aunque cuatro de ellos se encuentran ubicados en la ciudad francesa de París.

Las inmobiliarias, ubicadas en Denia y Bizkaia, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. De esta manera conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica.

Para evadir impuestos, los hermanos supuestamente utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades 'offshore' en Irlanda y Malta. Incluso, se hicieron con el control de una asociación de artes escénicas en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos. También gestionaban un hostel en Bizkaia.

Entre los miembros de la banda destaca un antiguo trabajador de Urbanismo de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, quien «asesoraba y realizaba modificaciones catastrales» para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad. Otro detenido es un trabajador de un geriátrico de la misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas. Así, habrían llegado a transferir más de 112.000 euros. En los registros se localizaron cinco armas de fuego y 100 piezas de joyería.

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