Madrid y Vitoria pleitean por la conversión de miles de interinos vascos en funcionarios

El proyecto de Ley de Empleo Público, aprobado por el Gabinete de Urkullu el pasado diciembre, contempla la aplicación por las instituciones vascas de «procesos especiales» con el fin de afianzar «el empleo temporal de naturaleza estructural», que en algunas instituciones es especialmente elevado, como en el propio Gobierno vasco, donde el 35% de los casi 5.600 trabajadores se encuentra en esta situación. Se trata, con esta iniciativa, según señaló en su día el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, de reducir la elevada interinidad «sin descapitalizar el conocimiento y las destrezas adquiridas durante años de trabajo».

Para ello, el proyecto de ley contempla dos vías. Por un lado, conceder a los interinos una «valoración específica, diferenciada y complementaria» en las oposiciones; y, por otro, la convocatoria de «turnos diferenciados de acceso» -OPEs específicas-, para dar estabilidad a estos trabajadores. Los beneficiarios deben tener más de 8 años de antigüedad. A este colectivo, según la iniciativa legislativa, se podrá reservar hasta el 60% del todas las plazas de cada proceso de selección, y consistirá en «una sola prueba práctica relacionada con los procedimientos, tareas y funciones habituales».

Aunque según la futura norma el procedimiento puede ser aplicado en todas las administraciones, fuentes de UGT precisaron ayer que el organismo más afectado sería el propio Gobierno vasco, donde cerca de 2.000 trabajadores podrían optar a las ventajas ahora puestas en solfa.

Hay, además, otra discrepancia. En este caso, relacionada con la fórmula prevista de acceso al funcionariado en cuanto al acatamiento del «ordenamiento jurídico», porque en opinión del Gobierno central se debe mencionar expresamente la Constitución y el Estatuto de la comunidad autónoma.

La iniciativa de los ministerios que dirigen Cristóbal Montoro y Fátima Báñez ha merecido la airada respuesta del Gobierno vasco, que la enmarca en una «traca final centralizadora» de la Administración de Mariano Rajoy, que a su juicio se ha dejado sentir sobre otras leyes vascas en el curso de las últimas semanas.

Margen legal suficiente

El Ejecutivo de Urkullu, que considera que sí hay margen legal para aplicar la fórmula en litigio, advierte de que este proyecto ya no está en sus manos, sino en las del Parlamento vasco; y ve por ello la remisión de los informes como un intento de presionar a la Cámara, lo que en su opinión supone una «falta de respeto».

No obstante, toda esta polémica podría quedarse en agua de borrajas, ya que depende de dos factores. Por un lado, de que la ley salga adelante en la presente legislatura, circunstancia sobre la que fuentes de la propia Cámara vasca son bastante escépticas, incluso en el caso de que no se adelanten las elecciones autonómicas previstas para otoño. Dado que el plazo de enmiendas finaliza el 5 de mayo y que puede ser prorrogado, como sucede de forma habitual, y que hay otra serie de pasos que dar antes de la aprobación de la norma, las fechas serán, en cualquier caso, «muy apuradas», apuntan.

Por otro lado, la posibilidad de que el actual Gobierno central del PP repita en la nueva legislatura son limitadas y las cosas podrían ser muy diferentes en el futuro. De todas formas, las sugerencias llegadas desde Madrid adelantan un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de Empleo Público si no incorpora los cambios sugeridos.

Además del Gobierno de Vitoria, ELA y UGT expresaron ayer sus críticas a lo que ven como una injerencia de Madrid. El sindicato nacionalista considera que el informe de los dos ministerios «empeora, más aún, el texto del Ejecutivo vasco respecto a la precariedad y la temporalidad en las administraciones», y lo condenó como «una muestra más de su agenda involutiva». La ugetista Arantza Agote considera que este tipo de problemas debe ser resuelto por cada comunidad y negociado entre los ejecutivos y los sindicatos.