El debate que persigue a la RGI

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que sostiene la economía de casi 64.000 personas sin recursos o con bajos ingresos en Euskadi, vive bajo el foco permanente del debate político y social, esta vez asomada a una reforma que se acometerá en dos tiempos. La avanzadilla al cambio de ley que prepara el Gobierno vasco, y que se ha comprometido a presentar para mayo para su posterior debate parlamentario con el resto de grupos políticos, ha venido en forma de medidas de control y gestión en Lanbide, ese gigante administrativo que está en el centro de las críticas de la oposición y de las entidades sociales que reclaman enderezar su rumbo. Este nuevo tiempo de reformas viene arropado por una polémica de salida: la implantación de la huella digital para identificarse en las oficinas de Lanbide (tanto para los usuarios como para los trabajadores), una medida que ya ha sido rechazada por los colectivos que luchan contra la pobreza y que el Ejecutivo ve necesaria para perseguir el fraude, por pequeño que sea, y agilizar gestiones.

Terminado el «periodo de reflexión» que pidió el anterior consejero de Empleo, Ángel Toña, y superado también el que todo nuevo Gobierno tiene para poner en orden sus ideas, la consejería que lidera ahora Beatriz Artolazabal ha arrancado con las 'obras' con el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y reforzar la legitimidad social del histórico compromiso adquirido por Euskadi en 1989.

Casi tres décadas después de aquella ley de rentas mínimas, la primera y más progresista del Estado, el sistema quiere actualizarse. No se trata ahora de renegociar los principios que rigen la norma, sino de adecuarla a las nuevas situaciones y demandas, sostienen las fuentes consultadas. El sistema ya fue retocado en profundidad en 2011, con el Ejecutivo del PSE, que sumó sus votos al PP para endurecer los requisitos de acceso se pasó a pedir tres años de empadronamiento en lugar de uno. Posteriormente, en la misma legislatura socialista se redujo un 7% el importe de kas orestaciones, un recorte que a día de hoy sigue intacto.

La sombra del fraude

Una de las pretensiones del actual Gabinete de Iñigo Urkullu es que el salario mínimo interprofesional (SMI) deje de ser el índice de referencia para calcular las nóminas de la ayuda, como hasta ahora, y que sean tomadas en cuenta otras referencias, como la inflación o la evolución del salario medio. Ese criterio se incorporará ya este año al cálculo de las prestaciones después de que Lakua haya rechazado aplicar a la RGI la subida del 8% del SMI aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La lista de frentes abiertos no termina ahí. El efecto de la crisis económica, que ha elevado la demanda de ayudas y arrojado nuevos perfiles como los trabajadores pobres, se ha encadenado con el debate sobre el nivel de fraude en el cobro de la prestación, una sombra que acompaña a todos los sistemas de prestaciones sociales y que en Euskadi se extendió especialmente tras la campaña para limitar el acceso a las ayudas y extremar el control del fraude lanzada por el exalcalde de Vitoria Javier Maroto hace dos años, antes de las últimas elecciones municipales. Los populares vascos mantienen hoy el discurso de reforzar el control sobre las ayudas, pero con un tono más rebajado.

Los últimos datos facilitados por la consejería sobre el nivel de fraude corroboran que es mínimo. Solo alcanzó el 0,3% de los 134.000 expedientes revisados el año pasado, a los que hay que sumar un 0,6% de ayudas a las que los perceptores dieron un «uso indebido», por lo que el nivel de irregularidades no llega al 1%. Pero aún así el sistema sigue vinculado por una parte de la ciudadanía a las trampas que se puedan hacer. Las primeras medidas anunciadas para mejorar la gestión en Lanbide van precisamente encaminadas a estrechar el control para evitar abusos.

Hoy, el acento de las políticas sociales está puesto en promover la inserción laboral de sus perceptores, como ha venido insistiendo en sus intervenciones la consejera Artolazabal. Un cometido enfrentado a varias realidades tozudas. Por un lado, un mercado laboral precarizado, que sigue alimentando la bolsa de demanda de la ayuda social como complemento a bajos salarios. Ese fenómeno de los trabajadores pobres ya alcanza al 20% del total de los perceptores. Y, por otro, el peso en la demanda de colectivos no empleables, como los jubilados que cobran el complemento a su pensión (otro 20% del total) y aquellos beneficiarios con dificultades físicas o psíquicas para trabajar. Una de las ideas sobre la mesa consiste en que Lanbide se centre en el grupo de perceptores que sí son aptos para un empleo y que el resto de colectivos vean satisfecho su derecho sin tener que pasar por las oficinas del servicio vasco de empleo.

Ocurra lo que ocurra, la cuestión de fondo seguirá siendo cómo evitar que miles de familias en situación precaria acaben cayendo en el precipicio de la pobreza. Cómo tejer, en definitiva, esa red de seguridad.