Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
Santutxu ·
Una empresa ofrece para alquiler vacacional los locales de cinco bloques de viviendas construidos por el Gobierno vascoEn el año 2000 el Gobierno vasco impulsó a través de la sociedad pública Visesa 152 viviendas de protección oficial en la calle José María ... Lidón, en el barrio bilbaíno de Santutxu. La promoción se entregó en 2005 bajo un régimen de protección que caducaba a los 20 años (este 2025 los domicilios se podrán vender a precio de mercado) y contaba, además de pisos, con trasteros, garajes y ocho locales, situados en los bajos de los diversos edificios. Los domicilios fueron adjudicados a propietarios que cumplían con los requisitos de Etxebide y los locales, comercializados. Seis se vendieron a dos sociedades jurídicas distintas. Otros dos se transmitieron a personas físicas y solo uno sigue en manos de Visesa.
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Veinte años después, la realidad de estos locales es muy diferente a la de entonces. En los bajos de los cinco portales erigidos por la promotora operan apartamentos de uso turístico. Todos ellos gestionados por la misma empresa y distinguidos con el correspondiente identificador. En cada puerta hay colocada una placa en la que se dejan ver las iniciales AT (Apartamento Turístico). Los inmuebles están ofertados en Booking y según la información que aporta la plataforma, la compañía privada gestionaría algo más de una docena de alquileres temporales en estos edificios.
El escenario es paradójico. Lo que en su día se construyó con dinero público para satisfacer las necesidades de una capa de población incapaz de acceder al mercado libre, hoy es gestionado por una empresa privada que promociona viviendas turísticas. Precisamente algo contra lo que luchan ahora muchos de los ayuntamientos vascos. En un momento en el que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía, son las propias administraciones públicas quienes están intentando poner freno a la proliferación de esta actividad con el objetivo de priorizar el uso residencial frente al turístico. Además, una de las acciones que el Ejecutivo autonómico plantea para acabar con la escasez de pisos es facilitar la conversión de lonjas vacías en viviendas habituales.
El dato
288
euros cuesta uno de los apartamentos turísticos ofertados para dos personas un fin de semana de noviembre. Para un mes antes, el precio asciende hasta los 596 euros.
El Gobierno vasco detalla que los locales fueron transmitidos a distintos dueños y admite no tener constancia sobre sus usos
La información sobre los usos de los locales se recoge en una respuesta del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, al portavoz de Sumar Jon Hernández. El parlamentario solicitó los detalles sobre la actividad de estos espacios. Itxaso aseguró en su escrito que el departamento «no tiene constancia de los usos» que se le dan las lonjas transferidas. Después de venderlas, se pierde la pista. «Una vez transmitida la propiedad la normativa no atribuye a la promotora funciones específicas. Tampoco Alokabide realiza gestiones», matiza. En el mismo documento Itxaso remarca que su área «no tiene constancia de la existencia de quejas, denuncias o reclamaciones» por la existencia de los pisos ni «le consta ninguna gestión» respecto a los ellos.
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¿Y por cuánto se ofertan estos apartamentos turísticos? Los precios varían según el alojamiento y la fecha que se quiera reservar. Pongamos dos ejemplos. Para el fin de semana del 21 al 23 de noviembre, dentro de dos meses, el precio disponible en uno de los apartamentos, recomendados para dos personas, es de 288 euros. Sin embargo, para un mes antes –del 17 al 19 de octubre, una semana después de la festividad del Pilar y coincidiendo con el Bilbao Night Marathon–, el coste se eleva hasta los 596 euros.
Antes de 2003
La promoción señalada se construyó atendiendo a criterios previos a 2003, año en el que el Gobierno vasco aprobó un decreto, que fue ratificado en la ley de vivienda de 2015, para blindar de por vida los pisos que se levantaran con financiación pública. El cambio normativo prohibió que los propietarios pudiesen especular con pisos sociales, pero en este caso la realidad fue distinta.
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Las VPO se levantaron en derecho de superficie, un tipo de régimen de protección que permitirá al Gobierno vasco recuperar los bienes pasados 75 años desde su construcción. Hasta entonces, la empresa a la que está transferida la propiedad y que ahora comercializa pisos turísticos podrá seguir operando sin impedimento. En cuanto a los domicilios, este ejercicio perderán la protección. Aunque para enmendar lo que consideran un «error histórico», el Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña para vender los suelos sobre los que se levantan las viviendas a sus dueños a cambio de mantener la protección de forma permanente de los pisos.
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