Las comunidades de vecinos de Bizkaia declaran la guerra a los pisos turísticos

Pues lo que está ocurriendo es que cientos de comunidades de propietarios en Bizkaia han activado este mecanismo. Según admiten varios administradores de fincas, en los últimos meses están recibiendo una «avalancha» de solicitudes en este sentido. Y Pablo Abascal, presidente de los administradores del territorio y del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, lo certifica: «Es un tema que está en plena efervescencia».

Como presupuesto previo hay que recordar en qué entorno nos movemos: los pisos turísticos están aumentando muchísimo. En Bizkaia hay inscritos ahora mismo 2.451, según el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, después de que se hayan más que duplicado tras la pandemia. En Bilbao se roza el millar (995) y en solo doce meses la cifra se ha incrementado un 30%. Y estos son los legales, los oficialmente registrados en el sistema del Gobierno vasco que se ajustan a la normativa autonómica y local. En la capital, por ejemplo, únicamente están permitidos en primeros pisos; y en el Casco Viejo, donde hay más saturación, sólo puede haber uno por portal. La cuestión es que, paralelamente, hay un mercado irregular extenso y desconocido. Algunos estudios apuntan a que el 40% de la oferta no está controlada, y otros hablan de porcentajes incluso muy superiores.

Es natural que los pisos turísticos crezcan tanto porque si alguien dispone de una vivienda vacía, al darle este uso, la rentabilidad es mucho mayor que la de un alquiler residencial. Y además el propietario se olvida del riesgo de que el inquilino se apalanque o deje de pagar. Además, con el aumento del turismo, no sólo aquí sino en medio mundo, hay mucha demanda de estos alojamientos.

El problema es que si la situación se desmadra llegan los riesgos conocidos. El primero tiene que ver con someter a más tensión aún a un mercado de la vivienda que está imposible. Es decir, la falta de pisos para cubrir las necesidades residenciales está disparando los precios, uno de los grandes males de nuestra sociedad porque no permite independizarse a los jóvenes, que no pueden tener hijos, y así llega el invierno demográfico. Si una parte creciente de ese parque de vivienda se destina a pisos turísticos, el problema crece y se agrava.

Por otro lado están los problemas de convivencia, los que más afectan de manera inmediata a los vecinos de un piso turístico. Si llega a alojarse ahí una pareja de jubilados canadienses seguramente no haya grandes molestias. Pero si llega un grupo de hooligans británicos, sí. Y, en cualquier caso, no gusta a los residentes el trasiego de gente extraña con sus maletas que implica este tipo de uso en un entorno donde el resto del vecindario hace su vida.

El problema es general. En los últimos días las protestas contra este fenómeno, y la turistificación en general, ha tomado las calles de ciudades como Málaga y Cádiz, cuyos centros, de donde se ha echado a la población local, están abarrotados de pisos turísticos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que se van a prohibir este tipo de alojamientos en una ciudad saturada. Y el de San Sebastián, Eneko Goia, advirtió de que la capital guipuzcoana ha tocado techo y debe menguar su número. Hay barrios de Lisboa donde el 65% de las viviendas son para alojar a viajeros. En fin, que la voracidad del turismo es enorme, lo mismo que su capacidad para corromper los sitios donde se termina desmadrando.

Aquí, en Bizkaia, las cosas no son tan dramáticas aún. Pero el problema se está asomando. En Bilbao ya ha habido protestas vecinales, mociones en el Ayuntamiento y, lo dicho, esos cambios en los estatutos de comunidades de propietarios para cortar el paso a los pisos turísticos. Pero cuidado, porque este asunto también es controvertido y no es que haya mucha seguridad jurídica. Abascal, el presidente de los administradores de fincas, recuerda que la Audiencia Provincial tumbó una de estas modificaciones estatutarias porque prohibía este tipo de actividad cuando la ley sólo faculta a «limitarla». ¿Y qué sería eso? «Por ejemplo, que no se pueda acceder por la noche, que no se dé llave sino que el portal tenga un teclado con clave...». Otras instancias judiciales, sin embargo, equiparan limitación y prohibición.

Uno de los puntos calientes en este asunto es el Casco Viejo. Germán Urizar, portavoz del colectivo vecinal Bihotzean, es también profesional de la administración de fincas y ha visto de primera mano cómo «se ha disparado» la cantidad de portales que han vetado las viviendas turísticas. Sólo en su empresa, «unas 40 en el barrio y su entorno». Ha ocurrido, sobre todo, cuando «ha empezado a haber información sobre el asunto y a preocupar a la ciudadanía», en el último año.

Pero hay algún problema. Según explica él y otras fuentes del sector el coste del cambio de estatutos en una comunidad de vecinos vizcaína puede oscilar entre 2.000 y 5.000 euros, entre gastos de registro y notaría. Mucho. «Así que la mayoría de las comunidades lo que hacen es poner el acuerdo en el libro de actas, que también es de obligado cumplimiento, como una derrama», dice Urizar. De momento asegura que nadie ha recurrido uno de estos acuerdos, y cuando se dé el caso «habrá que ver lo que dice el juez». Otros expertos del sector, sin embargo, dicen que, si no hay inscripción en el registro, el acuerdo no tiene validez alguna.

Así que hay un buen guirigay regulatorio montado. Por eso hay que volver la vista a las administraciones en busca de soluciones. Esta misma semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció una reforma legal para que, salvo autorización expresa por parte de las comunidades de propietarios, no se permita la apertura de un piso turístico. A nivel local, el Ayuntamiento de Bilbao y otros más están impulsando modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para endurecer los requisitos a esta actividad económica.

¿Y por qué no impulsar una moratoria y dejar de dar nuevas licencias, como va a hacer Barcelona? Fuentes municipales recuerdan que la regulación catalana es diferente. Aquí los ayuntamientos no expiden licencias, sino que es el Gobierno vasco quien autoriza la actividad en base a una declaración responsable de quien abre un piso turístico. Así que no habría posibilidad de moratoria. A no ser, claro, que cambie la regulación. Y esto, solucionar el lío, es algo en lo que ya andan metidas las distintas administraciones.