El suculento negocio del cerdo

Seamos realistas: las granjas de cerdos huelen a cerdo. Los gorrinos no son de color rosa chicle y en el suelo de las naves hay restos de excrementos. A esos lechones sonrientes que retozan en prados verdes y triscan entre las flores en los anuncios de embutido no se les ve por ninguna parte. Cuando la industria alimentaria dice que se preocupa del bienestar animal, no significa que sus marranos escuchen música clásica, beban cócteles con pajita o reciban masajes en el lomo; quiere decir que las explotaciones cumplen estrictamente las normativas españolas y europeas, las más exigentes del mundo, sobre bienestar animal y seguridad alimentaria. Ni más, ni menos. Es decir, los mejores cuidados posibles dentro de un sector altamente tecnificado, eficiente y preocupado por la sostenibilidad. Cosas como el espacio, la temperatura y la limpieza de las cuadras, el tipo y cantidad de pienso, agua y –en su caso– medicamentos que reciben, el traslado al matadero o el método de sacrificio están detallados en esas leyes. Por eso en el sector porcino español, el tercero más potente del mundo, cayó como una bomba la emision de un programa de televisión en el que activistas de la ONG Igualdad Animal se colaron de noche en una granja de Murcia para presentar a cerdos enfermos y heridos como si fueran la materia prima para el bocadillo de nuestros hijos. «Es absolutamente imposible que animales como esos entren en la cadena productiva», subrayan fuentes de El Pozo Alimentación, que, pese a todo, se ha desvinculado de la explotación proveedora al considerar que el sacrificio sanitario de esos ejemplares debió haberse realizado antes.

¿Cuánto de verdad hay en la denuncia de los animalistas y cuánto en la defensa de la industria? Igualdad Animal considera que estas criaturas tienen los mismos derechos que las personas y que comérselas es «asesinato». La única dieta a la que dan su aprobado moral es la vegana, sin carne, pescado, huevos ni lácteos. Es decir, no están contra una industria cárnica intensiva; están contra la carne. Para el Partido Animalista (Pacma), estas explotaciones representan «el infierno» para millones de seres vivos; «un peligro para la salud», debido al «riesgo de cáncer» asociado al excesivo consumo de productos animales y a las resistencias a los antibióticos que supuestamente provoca la ingesta de ganado; una fuente de contaminación del aire –por CO2 y metano– y del agua –según ellos los excrementos se filtran y ensucian los acuíferos–; y un acelerador de la sequía: cada kilo de carne de vaca «cuesta» 15.000 litros de agua y de cerdo, 5.000.

Para este partido, el problema es que, cuando el consumidor va al supermercado y compra una bandeja de carne, limpia y primorosamente preparada, a un precio asequible, no sabe el «sufrimiento» que lleva aparejado. «Debería haber cámaras en las granjas y los mataderos para que la gente sepa lo que sucede detrás de sus muros», sostiene Silvia Barquero, su presidenta. También propone que la etiqueta de los productos cárnicos informe de las prácticas que se realizan con los animales, aunque sean legales. «Los cerdos requieren los mismos cuidados que un perro o un gato que conviven con nosotros: necesitan espacio para moverse y para jugar, y no tienen más que vidas de miseria», lamenta.

Pese a la creciente influencia del movimiento animalista, la realidad es tozuda: España es la tercera potencia mundial en producción de porcino, el sector factura 15.000 millones de euros al año y el cerdo y sus derivados son la carne más consumida en nuestro país. La industria, los veterinarios y la Administración defienden esta actividad que genera 1,3 millones de empleos y aplica, aseguran, los más estrictos estándares en materia de bienestar animal y seguridad alimentaria. En las explotaciones ganaderas españolas impera un conjunto de leyes y decretos en materia de bienestar animal, normas básicas de funcionamiento y vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades, gestión de residuos e higiene alimentaria.

Aunque la legislación sea estatal y comunitaria, los responsables de su aplicación son, por un lado, los titulares de la explotación, y, por otro, las comunidades autónomas, a través de los servicios veterinarios oficiales, que verifican su cumplimiento. José Carlos Ávila, jefe de servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de la Junta de Andalucía en Granada, explica que su departamento realiza inspecciones –algunas programadas, otras por sorpresa– para verificar que las explotaciones cumplen todo ese complejo entramado de normativas. El objetivo, subraya Ávila, es buscar un equilibrio entre la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente, el interés económico del sector y el bienestar animal, lo que incluye espacio, comida, agua, limpieza, cuidados, protección y hasta juguetes. «Hay que evitar, en la medida de lo posible, sufrimientos e incomodidades excesivas a estos animales en los modernos sistemas de producción», explica, importados de Estados Unidos en los años ochenta en sustitución de la ganadería extensiva tradicional.

No se ven animales sufriendo en la explotación que Cefusa –la compañía del Grupo Fuertes proveedora de El Pozo– tiene en Castilléjar, al norte de la provincia de Granada. En la finca de 2.500 hectáreas se distribuyen varias granjas, separadas varios kilómetros, entre bosques de pinos y encinas donde corretean ciervos y jabalíes, y campos de cultivo de cebada y alfalfa con los que se elaboran los piensos. Hay núcleos de maternidad –para las gestantes y cerdas con sus crías–, recría –lechones de hasta 2,5 meses– y cebo, hasta los seis meses, cuando alcanzan los 110-115 kilos de peso y salen hacia el matadero. En total, alberga a 20.000 cerdas y 100.000 lechones.

La compañía busca enclaves aislados como este, alejado de poblaciones y de carreteras frecuentadas: su diseño y organización están dirigidos a garantizar la bioseguridad, es decir, a evitar que entre en el complejo cualquier agente biológico que ponga en riesgo la salud de los animales, sean enfermedades víricas como la peste porcina o la fiebre aftosa, bacterianas como la brucelosis o parasitarias como la triquinosis.

Todo está tecnificado en estas naves. La temperatura se mantiene estable en unos 22 grados a través de «alas delta» y planchas de suelo radiante, hay ventiladores para evacuar los gases procedentes del proceso digestivo de los cerdos y los excrementos se desechan a través de suelos de rejilla que caen en colectores estancos y son conducidos a una balsa impermeable donde se evaporan los líquidos y se forma el purín sólido que servirá como abono agrícola.

Las cerdas gestantes comparten cuadras en las que un sistema automatizado les proporciona la comida: son las únicas a dieta y el silo solo administra el pienso diario establecido para cada de ellas, identificada por el chip de la oreja.

¿Hay técnicas que suponen maltrato a los animales? El responsable veterinario de El Pozo, Pedro Olivares, afirma que la castración de los machos –cuyo objetivo es evitar el fuerte sabor que las hormonas sexuales dan a su carne– no tiene sentido en este caso, ya que los animales son sacrificados a los seis meses, antes de alcanzar la madurez sexual.

En cuanto al «raboteo», el corte del rabo, se realiza bajo supervisión veterinaria en las primeras 24 horas de vida de los lechones, cauterizando la herida. Olivares lo compara con perforar las orejas de las niñas al nacer: nada especialmente doloroso y por una buena causa, ya que su fin es evitar las mordeduras de otros bichos, que pueden derivar en heridas e infecciones. En cuanto al limado de los colmillos, que también se realiza en las primeras horas tras el parto, pretende evitarle dolores a la madre lactante. Después vuelven a crecer.

Una vez que los camiones precintados llegan al matadero, el control sobre los animales pasa a Sanidad, cuyos veterinarios supervisan todo el proceso. «Cada animal llega con su guía sanitaria, una especie de DNI donde se verifica la documentación y la trazabilidad –explica Isabel Marín, responsable de Salud Pública en la delegación de Granada–. Hay un control ante-mortem: el funcionario observa si hay anomalías que muestren una enfermedad evidente».

Después del sacrificio, las canales –el cuerpo abierto y limpio de vísceras– son nuevamente observadas por si se aprecian anomalías en los órganos internos. Por último, hay programas de control aleatorio de muestras que realizan los laboratorios de referencia para analizar posibles peligros biológicos o químicos, a causa de restos de medicamentos –los antibióticos tienen unos plazos de seguridad determinados– o aditivos ilegales para aumentar el peso.

Cualquier irregularidad implica la inmovilización de animales vivos o muertos, inspecciones y sanciones para las granjas de origen. Es decir: pérdidas económicas. Todas las piezas que no son aptas para consumo humanos se gestionan como residuos, igual que los órganos no aprovechables. «Cuando una carne llega al supermercado ha pasado unos controles muy rigurosos», garantiza Marín, que juzga «alarmista» ofrecer como general una imagen de las granjas que es, a su juicio, «excepcional».

Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, considera hipócrita y elitista la postura de los animalistas. «A mí también me gustaría que todos los cerdos vivieran como los ibéricos, en el campo, pero entonces tendríamos que cambiar el modelo productivo y subir el precio –advierte–. La carne de cerdo es asequible para la mayor parte de la población». Y recuerda que el modo en que antaño se criaban los cerdos en los pueblos para el autoconsumo no era precisamente un modelo de confort para los animales.