1919: ¿será posible que los obreros solo trabajen ocho horas?

Se esperaba con expectación la implantación de la jornada de ocho horas. Aprobada por decreto el 3 de abril de 1919, consecuencia directa de los sucesos de Barcelona en febrero de ese mismo año, la nueva regulación horaria se presentó el 1 de octubre envuelta en un montón de dudas, protestas empresariales y mucho miedo entre la clase obrera. «¿Ocurrirá aquí, lo que en otras capitales, en las cuales se temen que se registren incidentes con este motivo?», se preguntaba 'El Noticiero Bilbaíno'. Por lo pronto, los dependientes de comercio bilbaínos habían protestado al Gobierno: ocho horas eran pocas para mantener un servicio que se antojaba fundamental para el resto de la ciudadanía. Su queja fue escuchada y se les concedió de plazo hasta el 20 de octubre para recoger cuantas propuestas de excepción elaborasen con el fin de reconsiderar la medida. Por lo demás, al menos en Bilbao, la actitud generalizada fue la de esperar.

La prensa más progresista no ocultaba que la puesta en vigor de la jornada laboral de ocho horas era un logro sin precedentes. 'El Liberal' repasó los principales hitos históricos de una reivindicación cuyo origen se remontaba al mes de septiembre de 1866, en el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores celebrado en Ginebra. A partir de ese momento, la petición por parte de la clase trabajadora de una reducción en sus horas de trabajo se convirtió en una reivindicación de alto voltaje. En España, los albañiles barceloneses fueron los primeros en lograr esa reducción horaria. Lo consiguieron en 1890. Ese mismo año, los mineros vizcaínos se lanzaron a la huelga y entre sus reivindicaciones introdujeron una en la que planteaban la jornada de diez horas. Años más tarde, Barcelona se convirtió de nuevo en un lugar clave.

En febrero de 1919 estalló una huelga en la compañía eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, más conocida como La Canadiense debido a que el máximo accionista era el Canadian Bank o Commerce of Toronto. El despido de 8 trabajadores a los que se unió el de 117 más produjo tal estallido social que la capital catalana estuvo al borde de la paralización total. La huelga, comandada por la CNT, se extendió por diversos colectivos y empresas. La virulencia del conflicto fue tal que tuvo que declararse el estado de guerra. Como consecuencia, se produjo la salida del gobierno del conde de Romanones. Su última medida fue la firma del decreto que establecía en España la jornada laboral de ocho horas. Era el 3 de abril de 1919. El 1 de octubre entró en vigor.

El 30 de septiembre, desde la alcaldía de Bilbao se ordenó la colocación, «en los sitios visibles de la villa», de un bando en el que se señalaban los oficios que quedaban sujetos a la nueva jornada. Con excepción de aquellos que habían solicitado una prórroga en la aplicación de la nueva norma, se consignaron todos aquellos a los que, desde la fecha citada, afectaba la ley. Albañiles, boteros, carpinteros, pintores, tipógrafos, alfareros, telefonistas, mecánicos, escultores, cerveceros, bordadoras, sombrereras… Más de medio centenar de oficios se vieron afectados por el nuevo modelo horario. Se excluían del citado decreto «los guardas de factorías y almacenes, pues no se trata de obreros, sino de empleados que no ejecutan labor manual» y porque, de implantarse las ochos horas en su sector haría falta establecer turnos con el consiguiente perjuicio para los intereses protegidos por ellos.

También quedaron excluidas las trabajadoras del servicio doméstico, «por entender que se trata de funciones en las que no cabe su aplicación». Cualquier beneficio para dichas trabajadoras debería de establecerse dentro de la propia naturaleza de su actividad. Tampoco se aplicó la nueva jornada a los empleados públicos por no ser estos trabajadores manuales. Quedaba claro que la considerada clase obrera, objeto de la aplicación de la nueva jornada laboral, era aquella cuyo trabajo tenía un componente manual fundamental. Se establecía, de alguna manera, la relación entre desgaste físico y horas de trabajo a excepción, claro está, de las trabajadoras de servicio doméstico, que además de estar excluidas, tenía jornadas laborales de dedicación plena.

La implantación de la jornada de ocho horas no provocó mayores problemas más allá de los que se esperaban. La patronal del gremio de sastres intentó que se reconociese la labor de sus obreros como excepcional. No lo lograron. A pesar de eso, alguna que otra sastrería bilbaína tuvo sus más y sus menos con manifestantes que exigían la aplicación inmediata de la norma. Por lo demás, en Bilbao no se vivieron incidentes reseñables. Sin embargo, aunque lejos de considerarse un motivo para futuros conflictos, sí hubo sectores que mostraron sus temores ante los perjuicios que las consecuencias de la nueva situación pudiera crearles. Los empresarios teatrales y los actores y actrices estaban entre ellos.

Fue en Madrid donde se dieron las primeras voces de alarma. Allí, empresarios y actores celebraron una reunión en la que acordaron «dirigirse al ministro de la Gobernación diciéndole que en vista de que la Compañía de tranvías ha reducido el servicio como consecuencia de la jornada de ocho horas, si el lunes no se pone en práctica el antiguo horario, se cerrarán todos los teatros». Tenían su lógica los temores expresados. Toda la que faltaba a muchos patronos, que con los mismos trabajadores y con una jornada más reducida no se plantearon, de entrada, aumentar la plantilla para mantener los servicios. Todo un alarde de inteligencia.