Euskadi vuelve a la emergencia sanitaria a partir del lunes

La consejera de Desarrollo Económico y coordinadora de la desescalada, Arantxa Tapia, comparecerá mañana al mediodía en Bilbao junto a la titular de Salud, Nekane Murga, para comunicar públicamente la decisión. Entrará en vigor el lunes, cuando se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Era una cuestión de tiempo después de que el propio Ejecutivo autonómico pusiera esta opción sobre la mesa el jueves. Las cifras de contagios han vuelto esta semana a niveles muy similares a los que se registraron en el pico de la primera ola y el ritmo de ingresos hospitalarios amenaza con llevar de nuevo al límite la capacidad del sistema sanitario.

Lakua lleva semanas tratando de contener el avance del patógeno a través de restricciones, especialmente en el ocio nocturno. Sin embargo, esas limitaciones no siempre han encontrado el imprescindible paraguas legal para hacerlas totalmente efectivas. Como muestra, este viernes el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimaba el recurso de los hosteleros contra el cierre de los locales a las 1.30 horas. Con la declaración de emergencia sanitaria, el Gobierno autonómico se asegurará ahora la potestad de adoptar medidas de obligado cumplimiento.

La Ley de Gestión de Emergencias, en vigor desde 2016, autoriza al Ejecutivo de Urkullu a adoptar medidas como el confinamiento de personas en sus domicilios, el condicionamiento del uso de servicios públicos o privados y la limitación e incluso prohibición de actividades en lugares determinados. Esto es, amparado en la norma, el lehendakari tendrá mucho mayor margen legal para restringir movimientos y aislar poblaciones. Los ciudadanos, según recoge la legislación, quedan obligados a seguir las instrucciones que dicte. No serán meras recomendaciones.

Se trata de la segunda vez en la historia que el Gobierno vasco recurre a esta figura. La anterior fue el pasado 13 de marzo, al comienzo de la primera ola del coronavirus. En aquella ocasión, en cambio, la declaración de Urkullu quedó eclipsada solo unas horas después por el anuncio del estado de alarma en todo el territorio nacional por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ahora Moncloa no tiene previsto volver a esa situación, así que esta vez el Ejecutivo autonómico tendrá un papel más protagonista en la toma de decisiones.

Con la activación del Plan de Protección Civil, Urkullu asumirá a partir del lunes las funciones de «alta dirección y coordinación» sobre la crisis sanitaria en Euskadi. El martes se constituirá nuevamente el Consejo Asesor del LABI, del que forman parte representantes del propio Gobierno vasco, los tres diputados generales, el presidente de Eudel y el delegado del Ejecutivo central. La dirección del plan correrá a cargo de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y será ella quien convoque las reuniones, previsiblemente de carácter semanal.

En términos estrictamente prácticos, la ciudadanía vasca apenas percibirá el paso hacia la emergencia sanitaria, pero al menos sí contribuirá a extender la idea de la gravedad de la situación. El nuevo escenario, además, tiene una vigencia indefinida, a diferencia de los quince días que dura un estado de alarma y cuya extensión requiere del beneplácito del Congreso.

La anterior emergencia sanitaria se decretó el 13 de marzo, día en el que en Euskadi se registraron 462 nuevos casos de coronavirus; este viernes la cifra ha llegado hasta los 510. Aquel escenario inédito se prolongó hasta el 18 de mayo. Aunque el estado de alarma todavía estaba vigente, el levantamiento de esta figura legal en Euskadi era imprescindible para convocar las elecciones del 12 de julio.