Lanbide protegerá a sus técnicos para que denuncien el fraude sin temor a represalias

La instrucción estaba preparándose antes de que saltara a la luz la estafa de más de un millón de euros que la Policía Nacional atribuye a una organización criminal liderada por un ciudadano senegalés, que llegó a crear 62 identidades falsas para percibir la RGI de manera irregular. Los agentes detuvieron al cabecilla y a otros 22 cómplices en Bilbao entre el pasado febrero y este mes de junio.

Mendia respondía así a las críticas surgidas a raíz de esta operación policial que ha destapado un fraude que llevaba produciéndose más de diez años. Algunas voces apuntan a que cuando internamente se sospecha de un engaño, en algunos casos no termina de investigarse por los cauces oficiales. Otras voces apuntan a que algunos empleados son reacios a realizar informes o a presentar denuncias en su nombre -un trámite necesario para que el caso llegue a los tribunales- por miedo a represalias por parte de los defraudadores. Se han dado en el pasado graves amenazas a empleados de Lanbide por parte de usuarios. El protocolo que prepara Lanbide trataría de proteger a los trabajadores al mismo tiempo que se garantiza «la seguridad jurídica».

Mendia explicó también que si se han duplicado los casos de fraude en el último año es porque se han intensificado los controles y ofreció un dato revelador: se realizaron 12,8 millones de cruces de datos con otras instituciones como ayuntamientos o la Inspección de Trabajo, entre otros, para comprobar la veracidad de los datos que ofrecen los solicitantes. «Descubrir una trama no es responsabilidad de Lanbide, sí taponar las rendijas» asumió la vicelehendakari a preguntas de Laura Garrido, del Grupo Popular. «Si Euskadi fuera un coladero no habría una tasa de inmigración tres puntos por debajo del resto de comunidades, ni moriría nadie intentando cruzar el Bidasoa para irse a Francia», sentenció.

También el lehendakari se refirió al fraude en las ayudas sociales a preguntas del líder del PP, Carlos Iturgaiz, que acusó al Gobierno vasco de estar «ciego en Lanbide y Osakidetza y tuerto en Seguridad». «El fraude es siempre grave y lo vamos a perseguir», proclamó Iñigo Urkullu, que reprochó a Iturgaiz que «retuerza la realidad» y «apunte en una dirección preocupante» cuando «vincula el fraude en las ayudas sociales y la inmigración».

«No era un engaño simplón, como pretenden hacer ver. La Policía Nacional ha requisado (al grupo criminal) 22 pasaportes y 16 libretas bancarias. ¿Es sencillo también engañar a un banco?», se cuestionaba Urkullu. El lehendakari recordó que la nueva ley que se está tramitando incluye la creación de una Unidad Específica de Inspección y más controles rutinarios y aleatorios».

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, preguntó al vicelehendakari Primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, si ha existido en este caso «dejación de funciones» por parte del enlace de la Ertzaintza en Lanbide por no investigar las sospechas de fraude. «No hay constancia de conductas susceptibles de responsabilidad. Sería un comportamiento grave, pero de eso no hay constancia en absoluto», afirmó Erkoreka. «No impulsamos la apertura de expedientes disciplinarios a miembros de la Ertzaintza que no se basen en hechos probados y contrastados», zanjó.

267casos de fraude o falsificación de documentos se detectaron en 2021. Este año, ya 224.

12,8millones de cruces de datos realizó Lanbide con instituciones, el triple que hace 4 años.