Una veintena de colectivos de víctimas pide una justicia «sin puertas de atrás»

Con motivo del Día de los Derechos Humanos que se conmemoraba este jueves, un total de 23 fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo hicieron público un manifiesto conjunto mediante el cual pidieron a los poderes públicos que «aseguren el cumplimiento de las condenas en curso, sin atisbo de atajos o puertas de atrás», «pongan todos los recursos necesarios para paliar la impunidad» y eviten los 'ongi etorris' a ex presos de ETA.

Más allá de sus «legítimas diferencias», los que suscriben el texto coinciden en reclamar una «memoria ligada al derecho a la justicia, no sólo penal, también social y política, como pilares básicos de la convivencia», que no pueden ser «minusvalorados, olvidados ni tergiversados por intereses partidistas ni cortoplacistas». Entre los firmantes del escrito, que se cocinó bajo la coordinación de la Fundación Víctimas del Terrorismo, figuran asociaciones como la AVT, Dignidad y Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo, Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), nueve colectivos regionales -Andalucía, Cataluña, La Rioja, Murcia, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana-, así como ocho fundaciones. Entre ellas, la Tomás Caballero, Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Manuel Broseta, Alberto Jiménez-Becerril o Benito Samaniego.

Entre los firmantes no están ni la Fundación Buesa ni Covite. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, argumentó que su negativa se debe a dos motivos que nada tienen que ver con el contenido: porque entiende que «las formas» en las que se ha elaborado el manifiesto no han sido las adecuadas; y porque considera que detrás de esta declaración pública existe «una utilización política» de las víctimas, en alusión implícita al PP.

El texto reclama que se preserve «la verdad de los hechos con rigor y objetividad» para que nadie «pueda blanquear, negar o distorsionar la realidad». También emplaza a los poderes públicos a «defender la memoria de las víctimas ante los que justifican, relativizan o callan ante décadas de padecimiento terrorista». En un gesto unitario poco habitual, los colectivos de damnificados llaman a utilizar «todos los recursos» para esclarecer los atentados pendientes. Pero también que se «asegure el cumplimiento de las condenas en curso, sin atisbo de atajos o puertas de atrás».

Por último, piden que se evite «la anomalía democrática y la humillación para las víctimas» que supone la celebración continuada de homenajes a los presos terroristas cuando salen de la prisión, «la exaltación de un pasado delictivo que utilizo la vida humana como moneda de cambio y que transmite a parte de los jóvenes la idea de que matar, herir o perseguir a nuestros familiares estuvo bien y fue necesario«; y que se evite que caiga en «el olvido» entre las nuevas generaciones «un capítulo de nuestra historia reciente que ha condicionado gravemente la convivencia y producido un sufrimiento atroz a miles de españoles».