El precedente del Parlamento vasco que acabó en el Constitucional

Con esta reunión de la Mesa, el PP pretendía «anular el voto telemático realizado por Casero y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente (el propio diputado se presentó en el Congreso) la derogación o convalidación» de la medida. En su favor, señalan que Batet intervino al finalizar el Pleno y explicó que la Mesa estaba informada cuando, en realidad, no se había reunido.

Ante estos argumentos, una sentencia del Constitucional de 2006 podría arrojar luz para que la demanda prospere. En el caso del amparo solicitado por una diputada del PSE en el Parlamento vasco, Irene Novales.

Fue en diciembre de 2004. Se votaba la aprobación de los Presupuestos del Gobierno tripartito de Ibarretxe. Los números no daban, pero el voto de Novales no quedó registrado y permitió al Ejecutivo nacionalista sacar adelante las Cuentas de 2005 por un solo voto.

El entonces presidente de la Cámara de Vitoria, Juan Mari Atutxa, no permitió repetir la votación y achacó el fallo a un error humano de la diputada, esgrimiendo que Novales no había introducido a tiempo la tarjeta para efectuar la votación.

El lío acabó en el Constitucional, que en 2006 se pronunció a favor de Novales. En su fallo, el tribunal constató que la decisión del presidente del Parlamento vasco «vulneró» los derechos de Novales. La corte avisó de que los órganos parlamentarios deben interpretar «restrictivamente» las normas que puedan limitar el ejercicio de los derechos de los representantes públicos.