Vivienda en Euskadi, lo que no le cuentan

¿Qué ha ocurrido para llegar a esta terrible situación, en la que 104.000 vascos engrosan las listas de Etxebide, por los precios y la falta de vivienda? Se ha producido una conjunción de factores, propiciados por unas leyes que han conseguido el efecto contrario del que se pretendía, a pesar de lo cual esta normativa no se ha cambiado en 20 años. Es un modelo que carga sobre la vivienda libre el coste de construir pisos protegidos, genera gran burocracia y plazos interminables y además los ayuntamientos sacan suelo a cuentagotas.

Tras 20 años del modelo más invasivo y restrictivo de todas la comunidades autónomas, se produce además la aprobación de las medidas del Gobierno de España, que han estrangulado el mercado del alquiler con su política de control de precios, la desprotección de los arrendadores y alfombra roja para la ocupación ilegal y la morosidad. Tener un piso en propiedad es el deseo de la mayoría de los vascos, lo demuestran los sociómetros, pero constituye ya un sueño inalcanzable para cada vez más gente.

El modelo vasco de vivienda genera menos oferta y más cara. Unido a las medidas de Sánchez, el colapso es total en compra y en alquiler. Se ha producido la tormenta perfecta. Y lo están pagando la clase media, los jóvenes y los más vulnerables. En 2025 se está produciendo un desplome del 11% en el número de viviendas previstas respecto a 2024, según el informe sobre las licencias municipales, junto con una importante caída de la vivienda protegida de un 85% entre abril y junio. En Madrid se ha multiplicado por 7, tras autorizar en 2024 la construcción de 12.650 pisos en alquiler protegido. Aquí el Plan director del Gobierno vasco aspira a 7.000 pisos protegidos en toda la legislatura.

La hiperregulación lo ha paralizado todo y por eso el ritmo es tan lento. Hace falta un giro de 180 grados. Es necesario desbloquear la construcción para que haya vivienda asequible para las clases medias, los colectivos vulnerables y los jóvenes. Hace falta más libertad y que la propia Administración no sea un lastre. La gente lo pide a gritos. Y habrá que abordar un debate fiscal. El precio final de un piso sube en torno a un 25% por impuestos. No puede ser que las instituciones hagan caja con un derecho tan básico como la vivienda.

Hay otro modelo posible, que aplicó con éxito el PP en Vitoria. Entre 1999 y 2007, el Ayuntamiento acabó con las listas de espera de Etxebide. ¿Cuál fue su receta? Procedimientos urbanísticos exprés, agilidad administrativa, tiempos récords de ejecución. En menos de 8 años se pusieron en el mercado 18.500 viviendas y se tramitaron 24.000 licencias, y esto se hizo superando los porcentajes mínimos de VPO. Se dejó suelo calificado que llega hasta nuestros días. Tras la marcha del Gobierno municipal del PP, la ciudad entró en parálisis y hoy hay casi 17.000 vitorianos en las listas de Etxebide.

No podemos ahondar en unas medidas y un modelo que lleva 40 años fracasando. No va a ser suficiente con una pírrica bajada en la reserva obligatoria de VPO del 75% al 60%. El propio sector lo dice. Satisfacer toda la demanda solo con vivienda pública no va a ser posible porque seguimos sin propuestas para que el mercado libre se dinamice y haya más flexibilidad. El sector privado es el que construye vivienda libre, rehabilita viviendas antiguas u obsoletas, aborda la redensificación, convierte locales en viviendas.... ¿Por qué darle la espalda? Hace falta que pueda trabajar con trámites ágiles y menos requisitos asfixiantes.

Vamos hacia un escenario en el que la construcción de vivienda será una actividad subvencionada y apoyada con dinero público. Control y más control. Nadie se responsabiliza del fracaso tan estrepitoso del modelo vasco, en el que casi 75.000 familias dependen de un subsidio o un piso público para poder vivir. Señalar las causas debería servir para buscar soluciones. ¿Para cuándo?