El Servicio Vasco de Empleo quitará la RGI a los perceptores que rechacen hacer cursos de formación

La Renta de Garantía de Ingresos es una ayuda con la que el Servicio Vasco de Empleo otorga una inyección económica a aquellas personas o familiar que no disponen de recursos suficientes. Eso sí, para su cobro Lanbide exige a los perceptores cumplir con ciertas obligaciones plasmadas en su normativa.

Una de las exigencias más importantes es la obliga a los beneficiarios a realizar cursos de formación para el empleo, bien procurados por Lanbide o por una entidad colaboradora. Explica el Servicio Vasco de Empleo que, en el caso de «abandonar voluntariamente estos programar o rechazar participar en un proceso se selección para un empleo propuesto por Lanbide», los perceptores corren el riesgo de ver suspendida la ayuda.

Otra de las principales obligaciones es la de aceptar una oferta de empleo de una empresa. Eso sí, cuenta con algunas excepciones para considerar ese rechazo como causa justificada. Hay algunas causas justificadas por las que sí se permite no aceptarlo. Por ejemplo, «cuando no coincida con las preferencias manifestadas por la persona» o no corresponda «con la profesión desarrollada en el último año por aquella, con la formación propuesta por el servicio de orientación para el empleo de Lanbide o correlación con sus aptitudes físicas y formativas». También «cuando no haya compatibilidad del horario de transporte público desde el domicilio de la persona titular o beneficiaria de la prestación con el lugar de trabajo» o si la distancia supera los 70 kilómetros de distancia del domicilio de la persona titular.

El Servicio Vasco de Empleo también toma como causa justificada que «se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento para acudir al puesto de trabajo supera el 25 % de la jornada diaria de trabajo» o «cuando el coste del desplazamiento en transporte público suponga un gasto superior al 20% del salario mensual ofertado».

Lanbide también puede considerar una excepción aquellas circunstancias en las que «no haya conciliación» para los perceptores de la RGI, ayuda que se determina a partir de los ingresos mensuales y de la renta máxima garantizada que le corresponde a su unidad de convivencia. El patrimonio máximo (no se incluye la vivienda habitual) de la unidad de convivencia no puede ser igual o mayor a cinco veces la cuantía de la renta máxima garantizada que correspondería a la unidad de convivencia durante un año, determina.

Además, para poder solicitarla los rendimientos mensuales no pueden ser «superiores a la cuantía de la renta máxima garantizada que pudiera corresponder en función de la composición de la unidad de convivencia». Un último caso que permitiría a un perceptor rechazar un empleo es si «el salario no resulta adecuado por no ser equivalente al del puesto de trabajo ofertado, atendiendo al convenio de empresa o al convenio sectorial que resulte de aplicación».

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