La pensión máxima perdería hasta 460 euros con la reforma de las prejubilaciones
El anuncio de un endurecimiento de la jubilación anticipada dispara las consultas en asesorías y sindicatos
Los despachos de las asesorías y de los abogados de los sindicatos han notado durante esta semana el impacto que ha causado entre los trabajadores ... la nueva propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de penalizar las jubilaciones anticipadas voluntarias aumentando el castigo económico a los que piensen en retirarse antes de los 66 años (año legal fijado para 2021). Y, al mismo tiempo, tratar de seducirles para que prolonguen sus carreras laborales con incentivos económicos, entre ellos un pago único de entre 4.700 y 12.000 euros por cada año de más trabajado.
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La sensación entre los posibles afectados es de preocupación e incertidumbre, ya que temen que esos cambios les vayan a resultar caros en sus bolsillos.
A pesar de que falta la letra pequeña y el desarrollo de cada supuesto, a priori a quien más penaliza la propuesta de Escrivá -efecto buscado por él mismo en pro de la progresividad del sistema público de pensiones- es a los trabajadores con rentas más altas, aquellos que tienen derecho a la pensión máxima.
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Una simulación realizada por el despacho de abogados BSK Legal & Fiscal con la información disponible revela que la pensión máxima puede verse reducida entre 244 euros al mes (para los que tengan carreras muy largas) y los 460 euros al mes (para los de carreras cortas) respecto de la regulación actual para jubilaciones anticipadas, hechas con dos años de antelación.
Mientras, para una pensión media que parta de una base reguladora de unos 1.500 euros (que es el baremo que predomina en Euskadi), dejar el trabajo 24 meses antes si tienes una carrera de cotización muy larga no presenta penalización adicional. Sin embargo, para las carreras cortas les resulta más gravosa en 75 euros al mes, quedando con unos ingresos brutos de 1.185 euros.
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La abogada laboralista Ane Etxabe, del despacho BSK Legal & Fiscal, explica que la propuesta lanzada por el ministro para quitar atractivo a las jubilaciones voluntarias adelantadas se sustenta en «un sistema de penalizaciones decrecientes según se acerca la edad de jubilación ordinaria». Esto a día de hoy también es así, pero recalca que lo que ahora propone el ministro es que el porcentaje correctivo sea «mensual en lugar de trimestral,». Además el nuevo sistema de Escrivá, explica Etxabe, no carga especialmente contra las carreras muy largas, mientras que en las cortas los coeficientes tratan de retrasar el retiro al máximo.
El mayor cambio se encuentra en las pensiones máximas, en las que están topadas. Aquí el coste económico por prejubilarse será mucho mayor que ahora. Esto es así porque los coeficientes reductores pasarían de «aplicarse directamente a la pensión mientras que, hasta ahora, se aplicaban sobre la base reguladora».
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«A la hora del retiro el factor económico no siempre suele ser el más relevante»
ANA ETxabe (BSK)
Incertidumbre y adelantos
Ane Etxabe explica «desde finales del 2020 y en lo que va del año 2021, en BSK Legal y Fiscal sí que hemos notado más inquietud sobre el eventual cambio normativo en materia de jubilaciones y, con ello, unas mayores 'prisas' por analizar o plantear alternativas de prejubilación». De todas formas, aclara, las consultas sobre jubilaciones «son constantes desde hace ya algunos años a raíz de las frecuentes variaciones, o anuncio de variaciones, que sobre las jubilaciones se van suscitando».
De todas formas, aunque el factor económico es muy notable, Etxabe puntualiza que en la decisión de adelantar el retiro «no siempre suele ser el más relevante», sino que también concurren factores del contexto de trabajo, situación familiar y estado de salud. Y con las incertidumbres regulatorias están detectando «un deseo de intentar adelantar la fecha en personas que, ya de inicio, pensaban prejubilarse».
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La aceleración de las jubilaciones antes de los 65 años se percibe en las estadísticas de la Seguridad Social de enero y febrero: casi el 42,5% de los retiros son antes de la edad ordinaria, mientras que el año pasado lo fueron el 38,3%.
Estas cifras 'macro' tienen su traslación a los casos particulares. Así, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, explica que «el 80% de las jubilaciones que hemos tramitado en los últimos meses han sido anticipadas, un 15% de contratos de relevo y un 5% ordinarias».
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«Para bajar de forma efectiva las pensiones, que no cuenten con nosotros»
Raúl Arza (UGT)
Desde el bufete Barrilero y Asociados, su socio director de la División Laboral, José Ramón Mínguez, apunta que también experimentan un incremento de las consultas. Por lo que «intuyo que ante el incremento de mensajes, se acelerarán en las próximas semanas» las decisiones de jubilaciones anticipadas. En este torbellino, Mínguez indica que están explicando a los clientes que «tan importante como las propias reformas, será el derecho transitorio que se aplique». Por esa razón, «aquellas personas que ya lo tuvieran programado y pensado así, es conveniente que lo ejecuten con la legislación conocida». Pide a los demás que «no se precipiten, porque lo lógico será que cualquier reforma tenga un periodo transitorio, como se ha hecho siempre con reformas de Seguridad Social».
En el despacho PKF Attest, sí han recibido algunas consultas sobre la posibilidad de nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada, pero no un aumento significativo.
La coordinadora del Servicio Jurídico del sindicato ELA, Iratxe Ordorika, constata que las consultas se han incrementado «especialmente en los últimos meses, cada vez que habla el ministro Escrivá». Percibe que «la gente está nerviosa y consultan mucho. Quieren saber qué pasa en el supuesto A, en el B, en el C..., pero es muy difícil asesorarles porque se anuncian cosas que luego se cambian, no se sabe qué van a aprobar... casi hay que hacer de vidente».
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La abogada de ELA llama la atención además sobre el alza de las consultas vinculadas a los ERE y prejubilaciones ante el incremento del número de empresas que están con estos procesos. Además de la propia negociación de la 'prejubilación' forzosa con la empresa y los complementos que ofrezcan, «los trabajadores también quieren saber cuando lleguen efectivamente a la jubilación cuánto van a perder por hacerlo antes de los 66 años».
«Si tienes la decisión tomada, lo mejor es ejecutarla con la legislación conocida»
J. R. Mínguez (Barrilero)
Entre los empresarios
La preocupación no es exclusiva de los trabajadores, también se percibe entre los empresarios, como constata el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu. «En el último año estamos percibiendo un aumento de las consultas, las empresas necesitan calcular los escenarios para poder hacer sus previsiones». La necesidad de certidumbre es una máxima para toda actividad económica, tanto personal como empresarial, constata.
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Alerta y tranquilidad son los dos conceptos que maneja Raúl Arza, el secretario general de UGT Euskadi, sindicato que también está recibiendo más consultas. Recalca que «para bajar las pensiones, que no cuenten con nosotros»; al tiempo que recuerda que toda modificación debe pactarse previamente en la Mesa de Diálogo Social. Y ahí, a ese foro, las nuevas propuestas del ministro Escrivá aún no han llegado.
Si se logra retrasar en un año las jubilaciones se ahorran 7.000 millones
Según las estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, si todos los que se van a jubilar retrasaran un trimestre su retiro, el gasto se reduciría en un 0,15% del PIB en 2050, es decir, un 0,6% si fuera un año de retraso. Esto significaría que el sistema se ahorraría unos 6.726 millones de euros, con el PIB actual, que en 2050 sería lógicamente mayor. Un ahorro nada desdeñable para una Seguridad Social que está en déficit y necesita contener sus gastos.
Por otro lado, Escrivá también quiere actuar sobre los convenios colectivos, ya que hay muchos que contemplan la jubilación obligatoria al llegar a la edad prevista. Según los datos que maneja el Ministerio en España en 2021 hay mas de un millón de trabajadores afectados por esta cláusula. Su deseo sería derogarla por ley o, por lo menos, atrasarla hasta los 68 años. Lo planteó en la Mesa de Diálogo Social en marzo y lo volvió a reiterar esta semana en el Congreso. El asunto tiene aristas, los agentes sociales creen que se cercena la negociación colectiva y que puede complicar el rejuvenecimiento de plantillas.
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