Un juzgado determina que el valor de IMQ supera los 270 millones

La sentencia supone un refrendo judicial a la reivindicación de un buen número de accionistas de la sociedad -hay 1.170 que además son o han sido médicos en ejercicio-, que calificaban de ínfimo el dinero que recibían cuando querían desprenderse de sus títulos. En el caso de los herederos, además, la venta era obligada. El espaldarazo moral se lo ha dado recientemente la compañía SegurCaixa Adeslas, que el pasado mes de mayo presentó una oferta que valora en 298 millones de euros la compañía, en cuyo seno hay una empresa de seguros, varias clínicas y una sociedad dedicada a gestionar residencias de mayores, así como participaciones en numerosas empresas dedicadas a prestar servicios relacionados con la salud o la prevención de riesgos laborales.

La sentencia ha estimado que el demandante presentó su reclamación dentro de los plazos legales y que sus argumentos tenían sustento técnico. Lo cierto es que la estética de fijación del denominado «valor razonable» en IMQ daba a entender que era cualquier cosa menos razonable. Así, el precio de recompra de las acciones en 2018 fue fijado en 67.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos, lo que situaba el valor de la compañía en apenas 78 millones de euros. A mediados de 2019 el valor de cada paquete se elevó a 99.000 euros y en junio del pasado año a 173.000, para colocar la valoración del grupo en 202 millones de euros. Cifras que en ningún caso se corresponden con la evolución del balance y la cuenta de resultados de la compañía y que más bien sugieren un artificio contable.

Por otra parte, el actual consejo de IMQ espera celebrar una nueva junta de accionistas antes de que finalice el año. Teóricamente, al menos, se plantea como la junta definitiva para zanjar el conflicto que el accionariado arrastra desde hace casi tres años. El pasado mes de junio, los accionistas aprobaron -con una amplia mayoría- que el consejo de administración negociase los términos de un acuerdo definitivo con SegurCaixa Adeslas. La aseguradora propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña -ya posee el 45% de la aseguradora IMQ- presentó una oferta económica -pagar 255.000 euros a cada accionista que quiera abandonar la sociedad-, pero también anticipó que estaba dispuesta a asumir compromisos para intentar una gestión consensuada del grupo con los médicos.

En la actualidad se están auditando las filiales de IMQ para verificar que sus balances son un reflejo de la realidad -Adeslas ha renunciado a analizar la filial de seguros en la que participa como accionista-, que es un paso obligado en este tipo de operaciones. Por otra parte, el consejo presentará a los accionistas una propuesta de acuerdo para modificar los estatutos y eliminar los blindajes que existían para dar entrada a socios externos. El respaldo obtenido en la junta pasada -mayoría absoluta del accionariado- es el que exigen los propios estatutos para poder hacer modificaciones sustanciales.