La factura de Garoña en la semana del frío

Santa María de Garoña despierta. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano de carácter político dominado por el PP, ha comenzado a estudiar esta semana pasada un tochazo de documentación compuesto por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y un total de 23 memorias sobre reuniones, que resumen todo lo acontecido en torno a la central nuclear de Burgos en los últimos años. Desde el día en que la empresa propietaria Nuclenor (compartida al 50% por las eléctricas Iberdrola y Endesa) decidió apagarla, en diciembre de 2012, hasta hoy. El debate sobre la reactivación del reactor que ilumina las noches del valle de Tobalina, en la frontera natural de Euskadi, a escasos 40 kilómetros de Vitoria, arranca en el momento más oportuno para sus gestores. La posibilidad de prórrogahasta los 60 años, como quieren las eléctricas, llega cuando España se muere de frío, la demanda de electricidad se dispara y queda en evidencia que más del 20% de la energía que se consume estos días procede de las centrales nucleares.

No lo tendrán tan fácil como puede parecer a primera vista. La decisión se tomará previsiblemente en primavera. Aunque hasta hace poco más de un año en concreto, hasta el 20 de diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones generales que acabaron con la mayoría absoluta del PP todo apuntaba a la reapertura, la decisión final se complicará más de lo que Gobierno y empresa hubieran imaginado entonces, debido al complejo arco parlamentario actual. Desde el miércoles pasado, lo técnico y lo político chocan más que nunca en el debate nuclear.

Lo técnico. El frío de estos días atrás ha puesto sobre la mesa que el sistema energético español tiene aún una enorme dependencia de la energía nuclear. El pasado martes, por ejemplo, en plena escalada del precio de la luz, el 32,8% de la eléctricidad consumida en España procedió de centrales eólicas e hidroeléctricas; mientras que el resto prodecía de plantas tradicionales, algunas tan contaminantes como las de carbón (21,9%), de las de ciclo combinado, (16,2%) y las nucleares (21,9%), que en 2016 ya alcanzaron una media de 21,38%. Dicho de otro modo, uno de cada cinco hogares o empresas locales se encienden o producen gracias a la existencia de un parque nuclear.

«España no es Alemania»

«El español es un sistema eléctrico muy equilibrado», defiende Antonio Cornadó, presidente del Foro Nuclear, que aglutina a las principales firmas relacionadas con la energía atómica. «Tenemos una cesta energética muy adecuada, formada por distintas fuentes, que conviven muy bien y que nos sirven para asegurar el suministro a los consumidores, garantizar nuestra independencia energética y cumplir con los compromisos internacionales de tipo medioambiental», explica.

No es, a su juicio, sólo el frío de los días atrás lo que demuestra la necesidad de mantener la energía nuclear, sino también, al menos, otras dos cuestiones. La primera, la necesidad de reducir las emisiones a la atmósfera de CO2 para controlar el 'efecto invernadero' «Cuantos menos combustibles fósiles usemos, como el carbón, y más recurramos a energías renovables y limpias, como la nuclear, más capaces seremos de cumplir ese desafío», reflexiona.

España, por otra parte, no es Alemania y, sin haber superado aún de la crisis económica, tampoco puede dejar de recurrir a la energía nuclear de la noche a la mañana. «Los alemanes han cometido un par de errores. En 2011, tras el accidente de Fukushima, tomaron la decisión del cierre masivo de las centrales nucleares; y eso tiene un coste no sólo económico, sino también energético. Además, han primado las energías renovables, que están muy bien, pero son más caras; y como consecuencia el consumidor lo está pagando», defiende el presidente del Foro Nuclear.

Confiar en que la bajada del recibo de la luz, que en definitiva es un problema de suministro eléctrico, se resolverá sólo con que llueva, como ha planteado Mariano Rajoy, no parece práctico. En Francia, donde tambien llueve y mucho, el 75% de la electricidad procede de la industria nuclear. Lo que, de verdad, traslucen las palabras del presidente del Gobierno central es que Garoña ya no es un problema meraménte técnico, sino político.

Los cuatro años del primer mandato del PP se ven ahora como la oportunidad de oro perdida tanto por las eléctricas como por el Gobierno popular para impulsar la reactivación de la central. Ambas partes estaban deseando que ocurriera, pero las imposiciones internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y los nuevos impuestos para la producción de residuos y combustibles gastados lo impidieron. La flta de acuerdo y el ritmo de la burocracia pusieron el resto.

En bandeja de plata

El Parlamento surgido tras las dos últimas elecciones generales ha inclinado la balanza política a favor de los grupos antinucleares. Rajoy ya no tiene las manos libres, sino que necesita para gobernar de socialistas, nacionalistas y de Ciudadanos; y todos ellos están a favor del paulatino fin de la era nuclear. Ninguno parece dispuesto a ceder con el tema de Garoña, cuyo cierre definitivo podría presentarse como un triunfo propio, la prueba de su peso en la política nacional, en definitiva, la cabeza de Juan Bautista en bandeja de plata.

¿Es posible, con un panorama político así lograr que la vida útil de Garoña se prorrogue hasta los 60 años, como quieren las eléctricas? La situación se complica. La oposición, que es mayoría, ha presentado una iniciativa en el Congreso en busca de una declaración antinuclear de la Cámara. El discurso del PP vasco diciendo que, a la espera de acontecimientos, «el parón de estos años evidencia que la central de Burgos tampoco es tan necesaria», complica mucho las cosas incluso dentro de las filas populares. La mayoría absoluta del PP de 2015 es ahora minoritaria y, en lo que concierne al reactor burgalés, está además fragmentada.

La decisión última sobre el futuro de Garoña queda en manos del Ministerio de Industria y Energía, que decidirá en función de lo que le diga el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Cinco expertos, dos nombrados por el PP y otros dos por el PSOE, analizarán durante cuatro o cinco semanas la documentación técnica y elevarán una propuesta al Gobierno. Lo dicho, el desenlace, posiblemente, en primavera.