«Llevo años esperando mi casa y he gastado 11.000 euros en alquiler»

Como ella, cerca de 400 personas denuncian la «excesiva» espera y «falta de respuesta» por parte del Ejecutivo. Los edificios están construidos y los futuros vecinos pudieron acercarse a ver sus casas en junio del año pasado. Pero el verdadero problema es la urbanización de la zona. Deben asfaltar el entorno, poner iluminación y contenedores, entre otros 'deberes'.

La empresa encargada de ese trabajo es Asfaltos Uribe, quienes «han agotado el plazo legal y el Gobierno les ha concedido varias prórrogas que no eran legítimas porque el contrato inicial no las permitía», cuentan los vecinos, a los que los papeles les avalan. «Tenían seis meses para realizarlo, vamos para un año desde que les concedieron la licitación y a día de hoy no se ha avanzado nada, está el terreno levantado» explican.

Ante esta situación, los futuros vecinos se han intentado poner en contacto con los responsables, tanto la promotora como del Gobierno vasco, y «no reciben respuesta». «No nos dan información, hemos llamado más de mil veces, sin exagerar», asegura Jon Aguirre. Y añade: «Cuatro años después no tenemos comunicación oficial de ningún tipo».

La delegación territorial de Vivienda ha insistido en que, de los cuatro edificios, tres de ellos -dos de VPO y uno de VPT- son adquiridos de forma concertada, es decir, «el suelo es público» y lo compra una promotora que vende los pisos con las condiciones de una VPO y VPT, «pero el proceso de construcción no depende de nosotros». También aclara: El cuarto «sí está bajo nuestra dirección. Son alojamientos dotacionales de alquiler y están dirigidos a personas jóvenes». Aún así, los afectados han reiterado que «el trabajo de la promotora está supervisado por la institución porque no es un trabajo privado».

Ante esos argumentos, este periódico ha intentado ponerse en contacto con la promotora de los inmuebles, pero han rechazado hacer valoraciones al respecto. Algunos vecinos señalan que, ante su insistencia, han recibido amenazas por parte de la empresa. «Nos dijeron que si les seguíamos preguntando habría consecuencias. Además, cuando entramos a ver los pisos e informar de posibles desperfectos, afirmaron que si no firmábamos el papel de conformidad no tendríamos las llaves nunca».

En febrero de 2019 aceptaron el contrato de compra y adelantaron el 20% del precio como entrada. «Algunos hemos pedido créditos y seguimos perdiendo dinero. Llevo años esperando por mi casa y he tenido que gastar 11.000 euros en alquiler. Estamos ahogados», se lamenta Ander Fernánez.

No solo son consecuencias económicas, la conciliación familiar también les está afectando. «Muchos hemos escolarizado a nuestros hijos aquí y seguimos viviendo en otro lugar, hay gente de Basauri que viene todos los días desde allí», explican varios vecinos. Para ellos «no es viable seguir así por mucho más tiempo» y recalcan la «ansiedad y el estrés» que sufren desde entonces.

«Se supone que son viviendas protegidas, creíamos que íbamos a estar bajo el paraguas del Gobierno vasco, pero nos hemos encontrado una corona de espinas», sentencian.