Euskadi destinará el 0,7% de su PIB a cooperación al desarrollo

El Gobierno vasco ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad con el objetivo de abordar los desafíos globales actuales de manera «más eficaz». La nueva norma, que todavía debe iniciar el trámite parlamentario, sustituirá a la actual ley, que data del año 2007 y ha quedado desfasada por los cambios a nivel mundial, como la emergencia climática o el auge de los fundamentalismos.

La normativa establece que Euskadi destinará el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la cooperación al desarrollo. La ley en vigor se ponía como objetivo alcanzar ese porcentaje en el año 2012, pero nunca se hizo. La principal novedad de la nueva norma es que regulará la aportación de todos los organismos públicos, y no sólo el Ejecutivo autonómico, hasta alcanzar ese umbral del 0,7%. En concreto, el articulado menciona a las tres diputaciones forales, los ayuntamientos (a través de EUDEL y Euskal Fondoa) y la UPV/EHU, además de «cualquier otra entidad del sector público vasco que realice actuaciones en el ámbito de cooperación y solidaridad».

Destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación es un objetivo marcado por Naciones Unidas. España, por ejemplo, destina el 0,22%. La futura ley buscará coordinar la actuación de los distintos niveles institucionales e implicar a toda la sociedad e instituciones.

Otro de los aspectos a destacar es la importancia de la «coherencia» de políticas para el desarrollo sostenible. Con ello se busca que las administraciones «analicen su responsabilidad y el impacto de sus políticas en el entorno cercano, en otros países y en las futuras generaciones», ha indicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, en la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno.

«Hay una necesidad de transitar hacia gestión más eficaz de los recursos destinados a la cooperación», ha expresado la consejera. En este sentido, ha mencionado que se «agilizarán» los trámites de las subvenciones. «Queremos poder movilizar todos recursos solidarios posibles y poner en el centro a las personas y al planeta», ha subrayado.

El proceso de redacción del proyecto se inició en 2021 cuando la cartera la ocupaba Beatriz Artolazabal, que abandonó el Gobierno para ser candidata a la Alcaldía de Vitoria. En este tiempo, decenas de agentes han podido realizar sus aportaciones al documento, que ahora debe ser remitido al Parlamento autonómico para su tramitación. Queda menos de un año de legislatura (la fecha más probable para las elecciones es el 9 de junio de 2024, coincidiendo con las europeas, si no hay un adelanto electoral). No obstante, Melgosa se ha mostrado confiada en que hay tiempo para aprobar la ley esta legislatura.

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