El edificio de la polémica cuenta con diez alturas y cuatro plantas de garajes. jordi alemany

«Embargos y presiones para malvender» en el conflicto del edificio Albia II

Propietarios del inmueble reúnen firmas para tratar de paralizar un ambicioso proyecto de rehabilitación

Martes, 18 de mayo 2021, 23:48

Formar parte de una comunidad pendiente de obras millonarias puede llevar a la muerte a una empresa en una situación en la que la facturación ... se ha desplomado por el covid. Está ocurriendo en el Albia II, un edificio de diez alturas y cuatro plantas de garajes en el que se abordará una reforma valorada en «al menos 4 millones» a la que se oponen 14 de los más de 40 dueños de oficinas. El año pasado se constituyeron en plataforma y están recabando más apoyos contra el proyecto. Han reunido 23 firmas de propietarios de locales, trasteros y garajes para forzar la convocatoria de una reunión extraordinaria para paralizar una obra que aún no ha sido adjudicada, pero que desde 2017 les ha obligando a realizar importantes pagos periódicos que, si se reanudan, sumarán 80.000 euros para oficinas de 120 metros.

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La obra implica una «necesaria» reforma de la fachada, pero también otras actuaciones, a su juicio, prescindibles o que podrían hacerse por un precio más bajo, de menos de dos millones. El proyecto técnico, presentado en junio, fue encargado al arquitecto artífice de la reforma del «hermano mayor» del bloque, el Albia I. El Consorcio de Aguas posee una cuarta parte de ambos. Un empleado presidió ambas comunidades hasta julio, cuando otra propietaria tomó el relevo en el Albia II.

La plataforma culpa a esta institución de impulsar «un proyecto faraónico como el del edificio anexo prevaliéndose de ser una entidad con músculo económico, condenando a muchos al concurso de acreedores», aunque desde la comunidad se mantiene que la necesidad de realizar mejoras y encargar el proyecto a un estudio de arquitectura en base al presupuesto estimado se aprobó por unanimidad. Y que 24 propietarios -17 pequeños y 6 medianos que suman el 44% de la propiedad- rechazaron paralizar la reforma, frente a los 14 que suman el 13,7% de la participación. El Consorcio apostó por seguir adelante y la plataforma ha impugnado ese acuerdo. Pero muchas pequeñas empresas han tenido que malvender o han sido embargadas desde que arrancaron los pagos. El edificio está jalonado por oficinas en alquiler.

A la reforma, valorada en «al menos 4 millones», se oponen 14 de los más de 40 dueños de oficinas

rechazo

Culpan al Consorcio de impulsar «un proyecto faraónico» que «condena a muchos»

constituidos en plataforma

Rendición de cuentas

Una veintena de propietarios de locales y de garajes presentaron a finales de febrero una demanda de rendición de cuentas en los juzgados contra la administradora y la presidenta de la comunidad para pedir el mapa de todas las derramas abonadas y de la morosidad de las mismas. Aseguran en la demanda que la situación está siendo aprovechada para ofertar 40.000 euros por locales a cambio de hacerse cargo de las derramas pendientes, que hasta ahora han tenido un coste de 1,3 millones, que se suman a otras obras de más de un millón que han afrontado recientemente: el cambio de ascensores y 400.000 euros para cofinanciar su parte proporcional a la obra del atrio que comparte con el Albia I.

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La plataforma ha solicitado una reunión con el presidente, Kepa Odriozola. Piden al Consorcio y a otros propietarios que se deje de lado la idea de acometer un proyecto similar al del edificio anexo, «que ha supuesto unos elevados costes». A los de la obra realizada en el Albia I se han sumado, aseguran en el texto remitido al juzgado, la pérdida de una subvención importante del Ente Vasco de la Energía y un abono por mandato judicial por imposibilitar una actividad económica con la colocación de un andamio. «La reforma está dejando a muchos por el camino y, si sigue adelante, el daño será irremediable para muchos de nosotros, perdiéndose patrimonios familiares, personales y empresariales, además de puestos de trabajo de empleados». Los propietarios llegaron a solicitar el amparo del Ararteko, para que mediara en el conflicto, aunque éste les ha recomendado que se dirijan al servicio Bizilagun. El 21 de mayo, tendrán un acto de conciliación con el que fuera el representante del Consorcio en la comunidad. La administración pública declinó realizar comentarios sobre este conflicto.

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