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Expertos de Statkraft y Forestalia departieron sobre los retos y las oportunidades de estas energías en el territorio vasco
«A nivel mundial, por cada dólar que se invierte en combustibles fósiles se invierten ya dos dólares en energías renovables y, por ejemplo, en el caso de la energía solar, la implementación de nuevas instalaciones se ha incrementado en más de un 87% en el ámbito internacional», puso sobre la mesa el periodista Andrés Fernández al inicio del coloquio ‘Energías renovables, claves en la transición energética’ organizado por EL CORREO en colaboración con las empresas Statkraft y Forestalia.
En el camino hacia la necesaria descarbonización «las renovables se han visto como una gran oportunidad», dejó claro Alberto Gil, director de Desarrollo Eólico de Statkraft. Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley de Transición Energética y Cambio Climático respaldada por el 83% del Gobierno vasco, «una ley muy importante y un espaldarazo incontestable a la apuesta de esta región por la imparable corriente de las renovables como respuesta a varios problemas», como la calificó el experto, y que sienta las bases de un objetivo muy claro: que en 2050 Euskadi sea neutral climáticamente. Lo cual, a su vez, lleva al territorio hacia un «ambicioso» objetivo medio de que en el año 2030 el 32% de la energía que consuma en Euskadi esté producida por energías renovables.
«Hay que alinearse con el conjunto europeo y mundial para conseguir que la temperatura de la tierra no suba más de 1,5 grados», apuntó José Ramón Largo, director de la Unidad de Desarollo Estratégico de zona norte de Forestalia. Pero lo cierto es que, tal y como lamentaron ambos expertos, al territorio vasco «le queda mucho camino por recorrer» a tenor de cifras como la que alerta de que actualmente «sólo un 8% de la energía producida en Euskadi procede de renovables», detalló Gil, en contraposición con datos como el de Andalucía, donde el porcentaje aumenta hasta el 59% o, en el caso del total del Estado, donde asciende al 51% la energía producida por renovables.
Sin embargo, los representantes de Statkraft y Forestalia destacaron que la meta marcada por la nueva ley «se puede conseguir, pero se necesita un apoyo de las instituciones». «Estamos en un proceso de calentamiento global y emergencia climática que va a tener efectos bastante imprevisibles, es por ello que los países acordaron el abandono de los combustibles fósiles como fuente de energía y hay consenso global sobre que las renovables son una solución que cambia el modelo de suministro a familias, transporte e industria; hay políticas europeas y planes nacionales… Pero está fallando el siguiente nivel, el autonómico, el local y la sociedad», puntualizó Gil.
Porque la implantación de las energías renovables tiene hoy en día varios retos: por un lado, el social, es decir, la creencia de muchas personas de que, efectivamente, las renovables son positivas pero luego no quieren una planta eólica o fotovoltaica cerca de su casa. A ello hay que sumarle que los promotores invierten alrededor de 5 años hasta que el proyecto está en listo para ser construido (más el tiempo que hay que destinar a la propia construcción). Por ello «los promotores necesitamos coherencia legislativa, simplificación en los procesos administrativos, que las legislaciones locales se adapten a la europea y estatal y que la sociedad acabe por entender que estas infraestructuras son beneficiosas no sólo para el mundo sino también para las comunidades cercanas», detalló el director de Desarrollo Eólico de Statkraft.
A ello hay que sumarle las propias limitaciones de energías como la eléctrica, piedra angular del proceso de descarbonización. Hoy en día sigue siendo muy difícil almacenar la energía eléctrica, es decir, todo lo que se consume se tiene que producir en el momento; y no se puede transmitir por ondas. Y es ahí donde el sector pide modificaciones, especialmente «en la regulación para promover el sector de baterías y almacenamiento», destacó el director de la Unidad de Desarollo Estratégico de zona norte de Forestalia. El objetivo es electrificar el transporte, la industria y a nivel doméstico, «y para eso tenemos que ser conscientes de que la electrificación sólo tiene sentido con energías renovables que hagan posible rebajar la dependencia energética del país, que actualmente está por encima del 70%», concretó Largo.
«La electrificación sólo tiene sentido con energías renovables que hagan posible rebajar la dependencia energética del país»
«Necesitamos coherencia legislativa, simplificación en los procesos administrativos, que las legislaciones locales se adapten a la europea y estatal y que la sociedad entienda que estas infraestructuras son beneficiosas para las comunidades cercanas»
Para ello, es «una necesidad» ser capaces de saber hacer llegar bien el mensaje tanto a nivel social como político, en los medios de comunicación y «explicar la situación desde abajo», animó el experto de Forestalia, que ejemplificó la realidad de forma muy visual: «Cuando cargo mi teléfono móvil ¿quiero que esos vatios/hora vengan de la quema de combustibles fósiles que traemos de otros países o quiero que vengan de energías renovables que no contaminan y que son un recurso endógeno, de aquí?». Más aún en un territorio como el vasco, donde hay una implantación industrial y tecnológica que existe en muy pocas otras comunidades. «Y también explicar, por ejemplo, que una parte de los aerogeneradores que se fabriquen se van a hacer en Euskadi, con la consiguiente repercusión económica y de empleo», añadió Largo.
Claro que una pieza clave del juego es el apoyo de las administraciones públicas. «Hacer más por las renovables significa simplificar procesos», sentenció el director de desarrollo eólico de Statkraft, y «conseguir un marco regulatorio estable que genere un modelo económico sano que permita que se sigan desarrollando proyectos renovables». Porque hoy en día, «la tramitación de un proyecto de renovables requiere de aproximadamente 8.000 o 9.000 páginas de informes y hablar de media con entre 35 y 45 organismos que tienen que dar su visto bueno y pueden presentar alegaciones. Todo eso conlleva duplicidades, cuellos de botella y plazos que se alargan, lo cual a su vez hace que aumenten los costes y que repercutan en el precio que pagan los consumidores», destacó Gil.
«Es necesario cumplir los plazos porque Europa ya hablaba el año pasado de que habrá proyectos de renovables que tendrán que cumplir plazos concretos y adaptar la legislación de las baterías, que es una demanda importante y vamos tarde porque, por ejemplo, en el caso de la energía fotovoltaica, hay horas de máxima insolación en las que hay parques que tienen que pararse, y eso es una cantidad de dinero importante (el año pasado 2.000 millones de euros) que se pierden y que repercuten directamente en el consumidor», remarcó el director de la Unidad de Desarollo Estratégico de zona norte de Forestalia.
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