El Colegio de la Abogacía de Bizkaia organiza los días 1 y 2 de octubre su primer Congreso de Derecho Penal, con la presencia de destacados profesionales de la Justicia. ¿Qué supone para el Colegio poner en marcha una iniciativa de estas características?
El I Congreso de Derecho Penal del ICABizkaia tiene como objetivos principales actualizar conocimientos, analizar jurisprudencia y debatir sobre problemas dogmáticos y nuevas tipologías delictivas. Queremos que el congreso sirva también como punto de encuentro para fomentar la colaboración entre profesionales del ámbito jurídico, forense y de la seguridad.
El evento se inaugura el 1 de octubre con la presencia de autoridades y aborda cuestiones de gran actualidad. ¿Cómo afronta el Colegio este encuentro en un momento de tanta convulsión social y política?
Hemos trabajado durante meses en un programa de dos días concebido como un verdadero foro de encuentro para las abogadas y los abogados de Bizkaia. Queremos compartir jornadas de intensa actividad formativa y de reflexión sobre una amplia selección de temas de actualidad jurídica y, al mismo tiempo, generar un espacio de debate en el que intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones.
Precisamente en un momento como el actual creemos que este tipo de espacios son especialmente necesarios. Mediante el debate, el intercambio de ideas y el análisis en profundidad queremos ofrecer una alternativa a esa crispación que se ha instalado en la sociedad.
Una agenda jurídica que va mucho más allá del Derecho Penal
El programa reúne a ponentes de reconocido prestigio. ¿Qué puede aportar este congreso a la profesión y qué esperan que se lleven los asistentes?
Este congreso viene a saldar una deuda pendiente porque, hasta ahora, las cuestiones de Derecho Penal habían sido objeto de conferencias y ponencias concretas y puntuales, pero no se habían tratado de forma conjunta en formato de varios días, como otros temas de familia, extranjería o penitenciario que sí han sido objeto de congresos.
Va ser una gran oportunidad para disfrutar de magníficos ponentes reunidos, para debatir sobre jurisprudencia reciente, analizar desafíos jurídicos actuales como los ciberdelitos y el impacto de la Inteligencia Artificial… entre otros temas.
Contamos para ello con magistrados y magistradas, fiscales, médicos forenses, miembros de la policía, y un plantel de abogados penalistas de enorme prestigio.
El Congreso de Derecho Penal será uno de los grandes acontecimientos del otoño, pero no el único. A finales de noviembre llega también el Congreso de Extranjería. ¿Cuáles son en estos momentos las principales preocupaciones del Colegio en esta materia?
Sin duda el desafío que supone la entrada en vigor el pasado 12 de junio de 2026 del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Este pacto supone importantes modificaciones en materia de asistencia letrada, procedimientos en frontera, acceso al procedimiento y mecanismos de retorno, entre otros aspectos clave para la práctica profesional de la abogacía especializada en Derecho de Extranjería.
Otro de los asuntos encima de la mesa es la denominada ‘Pasarela al RETA’. ¿Por qué es tan importante el desarrollo reglamentario de esta medida para los profesionales de la abogacía?
Tras la aprobación definitiva de la Ley 2/2026, el pasado 23 de julio, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio, la norma entró en vigor el 1 de agosto. Desde ese momento comenzó a contar el plazo improrrogable de tres meses establecido por la propia ley para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apruebe su desarrollo reglamentario.
La ley establece el marco general, pero será precisamente el reglamento el que determine cómo funcionará en la práctica todo el proceso, el que fijará los detalles técnicos y el procedimiento exacto.
Son muchas y muchos los compañeros que están a la espera de ese Reglamento para tomar decisiones sobre su jubilación. Por eso, es importante que la pasarela pueda ponerse en marcha cuanto antes y dé respuesta a las necesidades de esas y esos compañeros.
Violencia sobre la mujer: ¿especialización o pérdida de proximidad?
Uno de los debates que más preocupación genera en Bizkaia es el plan de comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer impulsado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y avalado por el Ministerio de Justicia. ¿Consideran acertada esta decisión?
Por nuestras experiencias en otros territorios, creemos que no es una buena idea y así lo hemos trasladado. En Bizkaia, el debate se centra en llevar a cabo la comarcalización de todo el territorio histórico de Bizkaia, creando en el Tribunal de Instancia de Bilbao una Sección de Violencia sobre la Mujer con varias plazas judiciales. La experiencia acumulada en otros territorios confirman que este proceso plantea serias dificultades prácticas.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales riesgos de esta comarcalización?
Fundamentalmente, es la pérdida de la justicia de proximidad y todo lo que ello conlleva. No podemos olvidar que el espíritu original de la Ley Orgánica 1/2004 era garantizar una justicia cercana a la víctima.
También existen barreras evidentes para quienes viven en entornos rurales o en municipios alejados de Bilbao. Una víctima puede verse obligada a recorrer largas distancias para denunciar, ratificar una denuncia o asistir a una vista judicial, algo que puede agravar todavía más su situación de vulnerabilidad y aumentar el riesgo de victimización.
¿Existe, además, un riesgo de saturación de los juzgados de Bilbao?
Sí. Lejos de agilizar necesariamente los procedimientos, la acumulación de expedientes en las secciones de la capital puede terminar colapsando las agendas de los juzgados de Bilbao. Y eso podría ralentizar precisamente aquello que debe funcionar con mayor rapidez: la adopción de medidas cautelares urgentes y de órdenes de protección.
¿Cuál sería entonces la alternativa que defiende el Colegio?
Creemos que la especialización es necesaria, pero no debe lograrse a costa de la accesibilidad de las víctimas más desprotegidas.
La especialización y la proximidad no deberían ser conceptos incompatibles. Al contrario, el reto debe ser conseguir una Justicia especializada que mantenga al mismo tiempo la cercanía, la rapidez y la calidad de la asistencia jurídica que necesitan las víctimas.
