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Codenor analiza la normativa que marcará a las comunidades de propietarios en Euskadi ante el horizonte 2030

La rehabilitación de edificios en el País Vasco ha dejado de ser una cuestión puramente estética o de mantenimiento para convertirse en una pieza central de la política energética y urbana. En una comunidad donde más del 60% del parque residencial se construyó antes de que existieran exigencias térmicas en la edificación, la normativa actual y futura sitúa la eficiencia energética como un eje clave en cualquier intervención relevante en edificios residenciales.
El marco europeo marca un horizonte claro para 2030: avanzar hacia un parque edificado más eficiente y con menor dependencia de los combustibles fósiles. Esta hoja de ruta se está trasladando de forma progresiva a la legislación estatal y al Código Técnico de la Edificación, así como a la normativa vasca en materia de transición energética. En la práctica, esto se traduce en mayores exigencias en aislamiento térmico, mejora de la envolvente del edificio, renovación de instalaciones térmicas y, en rehabilitaciones integrales, la incorporación de soluciones basadas en energías renovables.
Para las comunidades de propietarios, este cambio normativo implica que las obras en fachadas, cubiertas o sistemas de climatización ya no pueden abordarse sin justificar una mejora medible del comportamiento energético del edificio. Según datos del Gobierno vasco, una actuación completa sobre la envolvente térmica puede reducir entre un 30 % y un 60 % el consumo energético de una vivienda, con un impacto directo tanto en la factura mensual como en la revalorización del inmueble.
En este contexto, el sector subraya la importancia de la planificación a medio plazo. «Cada vez más comunidades llegan con la necesidad de entender no solo qué obra tienen que hacer hoy, sino qué nivel de eficiencia les va a exigir la normativa dentro de cinco o diez años y cómo anticiparse a ese escenario», señala Gorka Aburto, CEO de Codenor Rehabilitaciones.

A este marco regulatorio se suma el papel de las ayudas públicas, que seguirán siendo un pilar clave en la próxima década. Los programas autonómicos y los fondos destinados a la rehabilitación energética priorizan proyectos que consigan reducciones reales de la demanda energética y de las emisiones de CO₂. Esto está impulsando un cambio de enfoque: pasar de intervenciones aisladas a actuaciones integrales y coordinadas, no solo a escala de edificio, sino también de entorno urbano.
Algunos barrios ya se han convertido en ejemplo de esta tendencia. En el barrio Aramotz, en Durango, y en el barrio de María Dolores Madaria, en Orduña, se están desarrollando proyectos de regeneración en los que la rehabilitación energética se plantea de forma conjunta por varias comunidades de propietarios. En este tipo de actuaciones, empresas especializadas como Codenor Rehabilitaciones participan en la coordinación técnica y en la gestión global de los proyectos, integrando la ejecución de obra, el cumplimiento normativo y la tramitación de ayudas ante las distintas administraciones.
Este modelo responde a una visión cada vez más extendida en la normativa y en las políticas públicas: entender la rehabilitación como una herramienta de transformación urbana, capaz de mejorar la calidad de vida de los vecinos, reducir el impacto ambiental de los edificios y fortalecer la cohesión de los barrios.

Para las comunidades, el reto no es solo técnico, sino también organizativo y económico. La toma de decisiones en una rehabilitación de este tipo implica analizar soluciones constructivas, evaluar el retorno de la inversión a medio y largo plazo y estructurar la financiación de manera que las cuotas sean asumibles para todos los propietarios. En este punto, el acompañamiento especializado se ha convertido en un factor determinante para que los proyectos salgan adelante con seguridad jurídica y viabilidad económica.
Gorka Aburto destaca que el cambio cultural es tan importante como el normativo. «La rehabilitación energética ya no es solo una mejora del edificio. Es una decisión que afecta al valor del patrimonio, al confort de las familias y a la sostenibilidad de los barrios. Las comunidades que se anticipen a la normativa van a estar en una posición claramente ventajosa en los próximos años», afirma.
Con el horizonte de 2030 cada vez más cerca, el sector de la rehabilitación en Euskadi afronta una etapa decisiva. La progresiva elevación de los estándares energéticos y la transición hacia sistemas más sostenibles dibujan un escenario en el que rehabilitar deja de ser una respuesta puntual a un problema constructivo para convertirse en una inversión estratégica en el futuro del parque residencial vasco.
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