Francia da el primer paso para reforzar la protección legal del euskera en el país

La Asamblea Nacional ratifica la Carta Europea de Lenguas Regionales y abre la puerta a una futura reforma de la Constitución gala

FERNANDO ITURRIBARRÍA CORRESPONSALPARÍS.
Dos adultos en una clase de euskera./ A.M./
Dos adultos en una clase de euskera./ A.M.

Los diputados galos dieron ayer el primer paso para reforzar la protección legal y el uso normalizado del euskera, el catalán y demás idiomas vernáculos de Francia. La Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría la propuesta de una reforma constitucional que permita la ratificación por París de la Carta Europea de Lenguas Regionales. Se trata de una de las promesas electorales del jefe del Estado, el socialdemócrata François Hollande.

La votación del texto, debatido la semana pasada en la Cámara francesa, arrojó 361 votos a favor y 149 en contra. El resultado supera la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para modificar por vía parlamentaria la Constitución. Si un porcentaje similar es alcanzado cuando la enmienda pase por el Senado, el Gobierno de izquierdas dispondrá de todas las bazas para convocar un pleno extraordinario de las dos cámaras en Versalles habilitado para revisar la Carta Magna.

Solo ocho de los 270 diputados socialistas votaron en contra mientras que los comunistas y asimilados del Frente de Izquierdas se dividieron entre seis a favor y cuatro en contra. En la oposición de centroderecha, los centristas dieron un voto afirmativo unánime mientras que 131 conservadores se decantaron por el rechazo, aunque hubo quince abstenciones y 40 papeletas a favor en los escaños de territorios sensibilizados como Bretaña o Alsacia. También se opusieron los tres diputados de extrema derecha.

El Gobierno del socialista Lionel Jospin firmó en 1999 la Carta europea, pero su ratificación fue impedida por una apostilla introducida en 1994 en la Constitución en la que se proclama que «la lengua de la República es el francés». El texto ahora aprobado por la Cámara baja estipula que «la República puede ratificar la Carta» y va completado por una «declaración interpretativa» para soslayar la inconstitucionalidad. En ella se deja claro que el uso del francés se impone en la administración y los servicios públicos además de negar todo derecho «colectivo» a los hablantes de las lenguas vernáculas.

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