El Gobierno saca 23.631 millones de la hucha de las pensiones en dos años

Las jubilaciones anticipadas se reducen un 4% tras endurecer el Gobierno las condiciones para acceder a ellas

AMPARO ESTRADAMADRID.
Fátima Báñez saluda a su antecesor al frente del Ministerio de Trabajo, el socialista Valeriano Gómez. /Efe/
Fátima Báñez saluda a su antecesor al frente del Ministerio de Trabajo, el socialista Valeriano Gómez. /Efe

El Gobierno de Mariano Rajoy fue el primero en recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En estos dos años habrá consumido 23.631 millones de la hucha de las pensiones y del Fondo de Prevención y Rehabilitación (4.980 del fondo de las mutuas de accidentes y 18.651 del de reserva). En esa cifra se incluyen los 6.148 millones que va a sacar en este último trimestre del año; 720 millones ayer mismo. Este año, la Seguridad Social ya había recurrido a la hucha de las pensiones por valor de 4.500 millones.

Los recursos del Fondo de Reserva ascienden a 59.385 millones, según explicó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Báñez afirmó que, con esas reservas, el sistema tendrá que afrontar una previsión de déficit acumulado entre 2013 y 2016 de 36.500 millones, si no se reforma el sistema de pensiones con el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización. El Fondo de Reserva, creado en el 2000, no ha recibido nuevas aportaciones -salvo los intereses que genera- desde 2011 (en 2009 tampoco hubo dotación), puesto que desde entonces hay déficit en el mismo.

Con estos negros cálculos y la advertencia de que en 2050 tres de cada diez españoles tendrán más de 65 años, la ministra defendió la necesidad de aplicar la nueva fórmula para actualizar las pensiones, que las desvincula del IPC y liga su revalorización de la evolución de los ingresos y gastos del sistema.

Báñez se encontró con el rechazo de toda la oposición. La Comisión en bloque -excepto el PP, obviamente- le reclamó que retire su proyecto de ley y empiece a negociar sin resultados predeterminados (los Presupuestos para 2014 ya incluyen una subida del 0,25% de las pensiones, la mínima según la ley).

Como ya hizo el Consejo Económico y Social (CES), donde sindicatos y empresarios rechazaron la reforma tal y como está planteada, los diputados alertaron de que los pensionistas perderán poder adquisitivo con el nuevo índice en los años malos y tardarán años en recuperarlo o no lo recuperarán nunca.La ministra se declaró dispuesta a dialogar e incluso abrió la puerta a que en 2014 se suban las pensiones más del 0,25% si hay un acuerdo político sobre el proyecto de ley. Sin embargo, recordó que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y que su reforma es «la más equitativa».

Báñez argumentó que ha recibido el apoyo del FMI, la OCDE y la Comisión Europea, lo que motivó que el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ironizara con que, con esos apoyos, «sí parece que España está intervenida». El jeltzale calificó el proyecto de ley de «estropicio normativo» y dudó de su constitucionalidad. «La llamada al diálogo está totalmente viciada», señaló Álvaro Anchuelo, portavoz de UPyD, y Carles Campuzano, de CiU, acusó al Gobierno de «romper el Pacto de Toledo». El portavoz socialista Valeriano Gómez, en un tenso debate con la ministra, calificó de «atropello» el proyecto de ley porque no pide «un sacrificio puntual, sino que es un sistema que congela o impone pérdida de poder adquisitivo para siempre». Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, hizo a Bañez una propuesta de pacto: «aparque transitoriamente su propuesta, tome la decisión que crea oportuna en la subida de las pensiones para 2014 y abra un periodo de negociación para encontrar un punto de acuerdo». «Le cojo el guante», apuntó Báñez, que nada dijo de posponer la reforma ni de negociar sin plazos. Lo que dejó claro es que la ley se aprobará antes de fin de año.

Más difícil

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció que las jubilaciones anticipadas se han reducido en un 4% en los primeros ocho meses de este año, tras aprobar el Gobierno un endurecimiento de sus condiciones por el alto coste que representaba para el sistema. En marzo, el Gobierno elevó por decreto ley a 35 años el mínimo de años cotizados para poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria y situó en 33 años el mínimo en los casos de jubilación anticipada forzosa y jubilación parcial. Además elevó la edad a la que se puede acceder: sólo dos años antes d ela edad legal de jubilación en el caso de la voluntaria y cuatro años antes en la forzosa.