El recorte en las primas a las renovables añade incertidumbre a la nueva turbina de Montefibre

La reforma del sistema energético que se inició hace ya más de un año con el objetivo de corregir un déficit tarifario de 6.700 millones de euros no solo ha condicionado en Miranda el proyecto de biomasa impulsado por Gestamp Biomass. También se ha convertido en el último factor que los responsables de Montefibre Hispania miran de reojo. Están a la espera de que el Boletín Oficial del Estado haga público el contenido definitivo del nuevo decreto ley y, específicamente, las cuantías y condiciones que permitirán hacer efectivas bonificaciones para aquellas industrias que se mueven en el sector de las renovables o se sirven de estos sistemas para la producción de electricidad bien para consumo propio bien para venta.

Mientras no se expongan negro sobre blanco los nuevos parámetros reguladores, algo que debería suceder antes de que termine junio, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que preveía un fondo específico para proyectos a desarrollar en Castilla y León de 9 millones de euros, no hará pública la resolución de ayudas, a las que ha recurrido la empresa químico-textil para la construcción de una nueva turbina de cogeneración.

«Eso podría suponer que, en función de cómo recorten las subvenciones a la producción energética, que el proyecto no sea rentable y no se conceda el préstamo del IDAE», explica el presidente del comité de empresa, Pedro Abellán. La respuesta del ente se esperaba para la primera semana de junio. El tiempo ha seguido corriendo a la vez que crecía la incertidumbre de los propios trabajadores, que después de dos días concentrándose a las puertas de la planta para evitar el acceso de los escasos trabajadores que se encuentran fuera del ERE -Montefibre paró su producción hace ya tres meses-, se plantean un calendario de movilizaciones mucho más incisivo que diseñarán durante una asamblea que ha sido programada para hoy.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, trabajaba hace un mes en plan de refinanciación de las subvenciones comprometidas con el sector de las energías renovables, eje de un plan de reformas que, en síntesis preveía menos dinero y mas años de subvención.

Ayer, el Pleno del Congreso dio luz verde aun crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente al pago de los costes de producción eléctrica ocasionados por los incentivos económicos para el fomento de la producción a partir de fuentes de energías renovables.

Son dos datos que, en cualquier caso, no permiten concluir cuáles serán los efectos definitivos que tendrá la aplicación del decreto ley. Y más aún teniendo en cuenta la situación de la propia Montefibre. Tanto su dirección en Barcelona, como la del grupo matriz en italia, así como el 'pool' bancario que integran el Institut Català de Finances, Deutsche Bank, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y CaixaBank, han condicionado en las últimas semanas cualquier movimiento al nivel de cobertura que reciba su proyecto de cogeneración por parte del IDAE.

Las expectativas

De entrada se han truncado sus expectativas iniciales -la posibilidad de que los 9 millones previstos para la región recalarán íntegramente en el plan de modernización de la industria de la carretera de Logroño-. El montante de la ayuda (de mantenerse) tendrá que repartirse. La dirección pretendería cubrir la totalidad de los costes de la turbina (alrededor de 18 millones de euros), con esa cobertura, aportaciones privadas, que incluían a la propia General Electric, y fondos propios (9 millones comprometidos desde Italia en dos pagos, que tampoco han llegado por el momento).

Los 9 millones más estimados para garantizar el circulante se canalizarían a través del 'pool'. Todos esos eslabonas y, en definitiva, la cadena completa, se encuentran en estos momentos bloqueados y a la espera de acontecimientos. El optimismo de hace apenas un mes se ha tornado en mayor preocupación. La cuestión ahora es que, en función de cual sea el porcentaje de recorte que se aplique a las primas «montar la nueva instalación puede ser rentable o puede que no lo sea».

La empresa no parece decidida, «al menos de momento», a parar la depuradora, el único de los servicios que se mantiene operativo. Sería un mal síntoma de la situación. Al parecer el tiempo que se requeriría para su puesta en marcha es, hoy por hoy, uno de los factores que hacen desistir de esta decisión. «No sabemos hasta que fecha tendrán pensado mantenerla en marcha o si, en función de los acontecimientos deciden pararla o no», explica Abellán.