El Gobierno teme que Estrasburgo fuerce una excarcelación masiva de etarras

Fernández Díaz advierte de que anulación de la 'doctrina Parot' sería «una ofensa» para España y desataría «alarma social»

ALFONSO TORICESMADRID.
Fernández Díaz consulta el móvil durante su comparecencia. /Efe/
Fernández Díaz consulta el móvil durante su comparecencia. /Efe

El Gobierno ha comenzado a preparar a la opinión pública para la «alarma social» que se puede desatar en unas semanas si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la ilegalidad de la 'doctrina Parot', lo que provocaría la excarcelación casi inmediata de medio centenar de etarras condenados a cientos y miles de años, y de varias decenas de otros peligrosos delincuentes, entre ellos violadores múltiples como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcásser, y grandes narcotraficantes.

El ministro del Interior confesó ayer en el Congreso que el Ejecutivo ha desplegado toda su influencia política, diplomática y jurídica en la UE para evitar que el 20 de marzo la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo declare firme la sentencia de uno de sus tribunales que, en julio de 2012, concluyó que la 'doctrina Parot' viola los derechos fundamentales de los reclusos al alargar de forma injusta el cumplimiento efectivo de sus condenas, por lo que exigió a España su derogación.

Jorge Fernández Díaz dejó entrever que su departamento es consciente de que las posibilidades de éxito son escasas, y adelantó que «acataremos y cumpliremos la sentencia de Estrasburgo sea la que sea», cosa que el Gobierno no hizo el verano pasado cuando la corte europea dio la razón a la etarra Inés del Río y exigió su inmediata excarcelación, decisión que el Ejecutivo dilató con la interposición de un recurso.

El ministro defendió que una sentencia derogatoria por el tribunal de Estrasburgo sería entendida como «una ofensa al pueblo español» y acatada «desde la discrepancia más absoluta». También aprovechó para lanzar una advertencia a los grupos de la oposición, especialmente a los nacionalistas e IU, contrarios a la 'doctrina Parot'. Les dijo que si al final hay que excarcelar a decenas de delincuentes y terroristas «muy peligrosos», el Ejecutivo no se quedará callado y les «señalará» como responsables de la «alarma social» que se provocará. «¡Que cada cual aguante su vela!», exclamó.

El ministro anticipó que entre los etarras que dejarían la cárcel de inmediato están algunos de los responsables de los comandos más sanguinarios de ETA, como Domingo Troitiño o Inmaculada Noble; el asesino de 'Yoyes', Antonio López Ruiz, 'Kubati'; o jefes de la organización como Isidro Garalde, 'Mamarru'. Otros dos dirigentes históricos de ETA, Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros' y José Javier Zabaleta, 'Baldo', no saldrían de inmediato en libertad, pero verían muy recortada su estancia en prisión. También quedarían en libertad terroristas del Grapo o Resistencia Galega, «dos miembros de los GAL», una veintena de narcotraficantes y criminales como Miguel Ricart, Pedro Luis Gallego, conocido como 'el violador del ascensor', o el asesino en serie José Antonio Seco Martínez.

Intercambio con Amaiur

La comparecencia de Fernández Díaz en la comisión de Interior dio pie a un nuevo cruce de reproches con Amaiur a cuenta de la falta de avances en el proceso de paz. El diputado abertzale Iker Urbina exigió al Gobierno que salga de su «inmovilismo» y le reprochó que no atienda a ETA a pesar de haber mostrado la banda su voluntad de desarmarse. Asimismo, acusó al Ejecutivo de vulnerar los derechos de los presos.

Fernández Díaz calificó de «broma macabra» las acusaciones de Amaiur. «No puede decirse que se vulnera el derecho de alguien que, por ejemplo, ha asesinado a 17 personas», espetó el ministro, quien señaló además al diputado independentista que si ETA se disolviera, los presos podrían acogerse a las medidas de reinserción sin la «coacción» de la banda. Una vez más, quiso dejar claro que el Gobierno, ni ha negociado ni negociará con ETA.

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